La Junta Central Electoral (JCE) emitió el 30 de abril de 2025 una comunicación oficial dirigida al abogado Yery del Jesús Castillo, representante legal del dirigente político Eleuterio Abad Santos, en la que ratifica la plena vigencia del Comunicado de Advertencia fechado el 21 de febrero del presente año. En dicha comunicación, la JCE reafirma de manera categórica la prohibición de realizar actividades proselitistas o definir precandidaturas antes de los plazos establecidos por las leyes núm. 33-18 sobre Partidos Políticos y 20-23 del Régimen Electoral.
Esta comunicación fue solicitada por Eleuterio Abad Santos como parte del proceso que conoce actualmente el Tribunal Superior Electoral (TSE), en el cual se ha interpuesto una demanda de nulidad contra decisiones adoptadas por el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), que incluyen procesos internos de elección anticipada.
En el documento, la JCE reitera que cualquier consulta interna, anuncio público o movilización con fines electorales antes de julio de 2027 constituye una violación expresa de la ley. Asimismo, prohíbe de forma tajante y categórica la elección anticipada de candidatos o precandidatos a cargos de elección popular, en cualquier modalidad —ya sea mediante consulta, proclamación interna o simulación de procesos partidarios— por considerarse una infracción directa al calendario electoral y a la normativa vigente.
La JCE también advierte que estas prácticas vulneran los principios de equidad, legalidad y transparencia que deben regir los procesos democráticos, y recuerda que las consecuencias legales incluyen la inadmisibilidad de candidaturas promovidas de manera anticipada, con la posibilidad de ser excluidas del proceso electoral por los órganos competentes.
Esta certificación representa un respaldo clave a la posición jurídica de Eleuterio Abad Santos, al evidenciar que las acciones del Comité Político del PLD contravienen el orden legal establecido y que la autoridad máxima del sistema electoral dominicano se pronuncia en defensa de la legalidad y la equidad electoral.
