Puerto Plata. – El juicio contra el pelotero dominicano Wander Samuel Franco Aybar por presunto abuso sexual infantil avanza hacia su etapa decisiva, luego de que el Ministerio Público concluyera este lunes la presentación de sus pruebas ante el Tribunal Colegiado de Puerto Plata.
La audiencia final está programada para el próximo 17 de junio a las 10:00 a.m., momento en el que la Fiscalía expondrá sus conclusiones y la solicitud de penas contra Franco Aybar y la madre de la menor víctima, quien también está acusada de explotación sexual y lavado de activos.
Durante cuatro intensas jornadas, los fiscales Claudio Cordero y José Martínez, representantes de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y la Fiscalía local, presentaron 165 pruebas que incluyen peritajes, evidencia documental y testimonios técnicos. Aseguran que el expediente es “sólido y contundente”, y suficiente para lograr una sentencia condenatoria.
Entre los elementos más destacados, figura el testimonio de una psicóloga forense, quien asistió a la menor tras su rescate en septiembre de 2023 y reveló que esta se sentía “tratada como un objeto sexual” por su propia madre. También compareció una médica legista y varios peritos de la Unidad de Investigación Criminal (UIC), que analizaron dispositivos electrónicos incautados.
Uno de los informes más comprometedores fue el análisis financiero que reveló depósitos por un millón de pesos realizados por Nancy Yudelka Aybar, madre del acusado, a la progenitora de la víctima. Ese dinero fue utilizado un día después para comprar un vehículo valorado en más de 26 mil dólares.
Además, una perito presentó un análisis de fuentes abiertas que incluye imágenes del pelotero junto a la menor, quien llevaba una medalla con el número 5, el mismo que identifica a Franco en su uniforme profesional. Se documentó también una supuesta extorsión económica de la madre de la adolescente hacia el jugador, mientras su hija seguía en condición de vulnerabilidad.
El expediente judicial alega que las conductas imputadas violan la Ley 136-03 de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, así como el Código Penal, la Ley 137-03 sobre Trata de Personas, y la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
La defensa de los acusados presentará sus pruebas tras la fase conclusiva del Ministerio Público, aunque los fiscales advierten que la mayoría de esos elementos “carecen de pertinencia” frente a los hechos imputados.
