Enfatizó que el Ministerio Público “no es competencia para custodiar absolutamente ningún bien incautado”.
SANTO DOMINGO.- El abogado Julio Cury, insiste que el Tribunal Constitucional debe ordenarle al “pseudo unidad” del Ministerio Público, devolver los bienes incautados que han retenido ilícitamente e ilegítimamente durante años.
En una entrevista el jurista aseguró que, “no existe proceso penal para que una persona natural o jurídica que han demostrado tener la titularidad de un bien, se presente ante el Ministerio Público y tienen que atravesar todo un viacrucis judicial mediante acciones de amparo”, desconociendo el carácter ejecutorio de las sentencias que se dictan.
El doctor en Derecho, cuestionó la incompetencia del Ministerio Público para custodiar “absolutamente ningún bien incautado”.
De igual forma, explicó que, esa responsabilidad pasó a ser, conforme a la Ley número 60-23, del recién creado Instituto Nacional de Custodia y Administración de Bienes Incautados, Decomisados y en Extinción de Dominio (INCABIDE), el cual es inoperante, porque el mencionado departamento del Ministerio Público los retiene en “palmaria violación a la ley y subvirtiendo el orden constitucional”.
En ese sentido, advirtió que el Ministerio Público mantenía el cuidado de los bienes incautados por encima de la existencia de esa dirección.
“Ahora este instituto, también es presidido por el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo y la Procuraduría General de la Republica”, agregó.
Cury, precisó que el Ministerio Público se opone a traspasar los bienes que “mantienen secuestrados”. En ese sentido, entiende que el Presidente de la República Dominicana debe entender la peligrosidad de tener un órgano “díscolo”.
“Se está colocando muy al margen de la legalidad, porque observa una actitud que pone entre dicho nuestro Estado de derecho, lo amenaza resueltamente y lo desafía”.
Además, el especialista denunció que cuando un órgano incurre en una actuación administrativa antijurídica, lo propio que un funcionario que sea por dolo o imprudencia grave, es pasible de ser demandado en responsabilidad patrimonial, por lo que manifestó que el Tribunal Superior Administrativo es el órgano competente para conocer de las demandas de esta naturaleza.
Por último, precisó que ha observado un comportamiento tímido por parte del Tribunal Superior Administrativo. “Yo le hice un llamado para que endurecieran su comportamiento de forma que pudiesen en lo sucesivo disuadir a los fiscales que se sienten por encima del bien y el mal, que se colocan al margen o por encima de la ley para que con sentencias ejemplarizantes pudieran desmotivar a los miembros del Ministerio Público que todavía creen que pueden obrar al margen de la ley. Solamente así, porque desgraciadamente este tipo de comportamiento no está tipificado como delito en nuestro ordenamiento jurídico”, dijo.
