La Jueza Kenya Romero Severino, coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, explicó que la reforma procesal penal que cursa en el Congreso Nacional y las dinámicas de implementación por parte de los actores clave del sistema debe repensar las formas de judicializar los procesos haciendo un uso mayor y mejor de las soluciones alternas al conflicto.
Asimismo, la jueza valoró el uso amigable de las tecnologías que están disponibles desde el Poder Judicial y sus plataformas, las que facilitan la comunicación, interacción y notificación expedita, mitigando las dilaciones innecesarias para el conocimiento de los procesos judiciales.
La magistrada Romero afirmó que resulta imperativo abordar adecuadamente la gestión judicial de los procesos desde la realidad práctica de las personas que interactúan, para así fortalecer la tutela judicial efectiva, pensando las dinámicas desde todos los actores clave del sistema de justicia penal no desde nuestro contexto individual, sino desde el contexto práctico de las personas que tienen contacto con el sistema.
La jueza Romero, quien participó en el panel “La Reforma del Código Procesal Penal en perspectiva: efectividad y garantías”, realizado por la Escuela Nacional de la Judicatura en coordinación con la facultad de derecho de la Universidad Iberoamericana (UNIBE), detalló que la modificación a la ley 76-02 debe impactar en la optimización del proceso penal, al entender que hay un alto nivel de judicialización de casos que podrían solventarse con el uso de otros institutos procesales en las etapas tempranas a través de un abordaje estratégico.
La magistrada consideró que es natural la resistencia al uso de las herramientas tecnológicas, y eso se evidenció en la pandemia, cuando debutamos a nivel global en esa interacción, pero en los últimos tiempos hay avances significativos y progresivos, que tienen que ver con la capacitación de los operadores o actores claves del sistema, los usuarios y en especial los abogados se han ido familiarizando con las plataformas de acceso y mientras más amigable es su manejo de mejor comprensión será progresivamente.
Puso como ejemplo que la plataforma de solicitudes digital está disponible en la Coordinación de los juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, de la cual ya el Ministerio Público está familiarizado, realizando solicitudes por esta vía y así garantizar respuesta sin demora.
“El uso de las tecnologías como herramientas de apoyo, agendar de forma inteligente y razonable las audiencias, el fortalecimiento del litigio cada vez más puntual y preciso, que indique de forma concreta las pretensiones, facilita a las partes que intervienen la comprensión de mi petitorio, y eso es lo ideal, y también facilita la labor de valoración que tiene que realizar el tribunal en su rol minucioso para poder tutelar de forma adecuada las personas, sin perder detalle, es decir, que esa sombrilla de elegir siempre la fluidez y eliminar las burocracias innecesarias garantiza la tutela judicial efectiva, el debido proceso y sobre todo la transparencia”, manifestó.
Asimismo, la jueza Kenya Romero afirmó que hay una deuda histórica en el sistema y es la falta de un lenguaje amigable, con una prosa que sea digerible por el consumidor final del producto, “la persona que tiene el conflicto de manera primaria”.
Un aspecto destacado, el que calificó como unas de las ventajas que tiene la actual gestión, es la Mesa de Coordinación Interinstitucional, en la que participan jueces, ministerios públicos, Defensa Pública, Servicios penitenciarios, entre otros actores; reuniones para pactar mejores prácticas de implementación en lo que establece la ley. “Es una conversación que sin desnaturalizar nuestros roles facilita que esa interacción entre los actores que intervienen en el sistema de justicia penal facilite el trabajo de todos desde una mirada holística”, detalló.
Sobre la actividad
Las palabras de bienvenida a la actividad fueron pronunciadas por José Pérez Gómez, decano de la Escuela de Derecho de UNIBE, quien abogó por una reforma definitiva a la normativa procesal penal, la que calificó como un verdadero reto.
Por su lado, el licenciado Ángel Brito Pujols, director de la Escuela Nacional de la Judicatura, destacó el Programa de Optimización del proceso Penal que ejecuta el Poder Judicial con los demás actores del sistema de Justicia Penal, cuya materia absorbe el 44% de los recursos este poder del Estado.
La actividad, realizada en el salón de actos de la Universidad Iberoamericana (UNIBE), tuvo como panelistas, además de la magistrada Kenya Romero, a Jonathan Pérez, procurador fiscal adscripto a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa; el jurista Ramón Núñez y al abogado litigante Francisco Álvarez Martínez; mientras que el doctor Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), fungió de moderador.
El Código Procesal Penal establecido por la ley núm.76-02 que sustituyó el viejo Código de Procedimiento Criminal entró en vigencia en septiembre de 2004, cuenta con poco más de 20 años de funcionamiento, fue modificado por la ley 10-15, sin embargo, esta última fue declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional en diciembre del pasado año y otorgó un plazo de un año para que elabore otra nueva normativa.
