En la Edad Media, robar o blasfemar, se consideraban delitos condenados con penas tan severas como la propia muerte, todo esto, porque según escritos de la época, las cárceles solo servían para los prisioneros preventivos, quienes esperaban una condena, en la que se jugaba su propia vida.
Bajo esta premisa, eran notorias y constantes las ejecuciones públicas, en las que hordas sedientas de sangre, y en algunos casos revestidos de hipocresía, exigían “justicia”, sin importar qué luz se apagara y mucho menos la crueldad de las ejecuciones.
Las plataformas de manera en plena vía pública, eran el epicentro del trágico destino, de quienes eran hallados culpables, aunque en el trayecto muchos inocentes perdieron la vida, sin que nadie pagase por ello.
O como lo describió el filósofo e historiador francés François-Marie Arouet (Voltaire); “en donde falta la caridad, la ley es siempre cruel” y según la propia historia, quedó corto.
Sin embargo, más de mil años después, es mucho lo que se ha avanzado en materia de derecho, aunque en sus entrañas, guarda parte de su ADN ancestral, al menos en la República Dominicana.
Ahora, los cadalsos son las redes y los verdugos el Ministerio Público, que se ha enfocado en dar más detalles a los medios de comunicación, para recrear las condenas populares de antaño, que en la propia sustentabilidad de sus acusaciones en los tribunales.
Por eso hemos visto a funcionarios y exfuncionarios como Hugo Beras, Gonzalo Castillo, Adán Cáceres o Alexis Medina, por ejemplo, con más seguridad y parafernalia en su traslado, vistiendo de cascos y chalecos antibala, que el mismo Chapo Guzmán en su momento.
La Procuraduría General de la República ha iniciado un camino plausible de lucha contra la corrupción, aunque en la forma a veces pierda el tino.
Aparatosos allanamientos, cientos de agentes y fiscales, todo esto, vendido, cual película taquillera de Hollywood, aunque no siempre con finales felices.
“Esta investigación está blindada”, “¡tenemos las pruebas suficientes para que haya condena en este caso!”, son solo algunas de las frases “lapidarias” de los fiscales, al menos al momento de solicitar una medida de coerción… y es válido, ese es su trabajo, al igual que lo es el demostrarlo.
Pero lejos de que eso pase y tras culminar los 18 meses que, en la mayoría de los casos complejos terminan obteniendo en contra de los imputados, al parecer el “exceso de pruebas” y el “blindaje” terminan pasando factura, esta vez, de forma negativa.
Así está evidenciado en los más sonoros casos de corrupción de los últimos años, en los que un “océano” de expedientes parecen no soportar más allá de la coerción.
“Calamar”, “Antipulpo”, “Coral” entre otros tantos casos, se encuentran abiertos, aunque con sus principales figuras en sus casas, e incluso, algunos sin ningún tipo de restricciones legales.
A este punto, luego de haber sido condenados por la opinión pública y tras los 18 meses con logrados por el Ministerio Público, es cuando inicia entonces otra fase, la de negociar con los mismos acusados… ¿en serio?
El argumento parecería válido, negociar con uno para que se sustenten las acusaciones, pero, si tienes las pruebas suficientes, ¿por qué beneficiar a un confeso culpable?
Lo cierto es que, mientras la procuraduría busque lograr condenas morales ante la opinión pública y solo lograr 18 meses de prisión preventivos contra los imputados por 18 meses, será difícil limpiar su imagen, sobre todo, con acuerdos que envían mensajes distorsionados al imaginario popular.
Al final del día, basados en la presunción de inocencia, todo ciudadano desearía ser juzgado por un tribunal y no simplemente aniquilado ante el paredón de sociedad.
