Luego de que el Tribunal Constitucional (TC) declarara inconstitucional la Ley 396-19, que regulaba los embargos de bienes muebles e inmuebles, senadores del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y partidos aliados aseguraron que ya están preparando su adecuación para ajustarla a los mandatos constitucionales.
En la sentencia TC/0743/25, el TC estableció que la ley fue aprobada de forma incorrecta, ya que debió tramitarse como ley orgánica, no como ley ordinaria, y además vulnera principios fundamentales del orden constitucional. El tribunal también rechazó que la ejecución de embargos recaiga en el Ministerio Público, reiterando que esa responsabilidad es exclusiva del juez competente.
Frente a este panorama, el senador Pedro Catrain calificó la sentencia como una “situación normal” dentro del funcionamiento democrático e institucional. Explicó que el rol del Congreso ahora es revisar el fallo y adecuar la legislación, devolviéndole al juez apoderado la dirección de los procesos de ejecución y del uso de la fuerza pública.
Por su parte, el senador reformista Rogelio Genao adelantó que espera que el tema sea incluido en la próxima sesión del Senado y que se conforme una comisión especial para evaluar los ajustes necesarios.
La senadora Mercedes Ortiz, de la provincia Hermanas Mirabal, también respaldó el proceso de revisión, señalando que los legisladores tienen la responsabilidad de garantizar el respeto a los derechos constitucionales señalados por el TC.
En esa misma línea se pronunció el senador Rafael Barón Duluc, quien recordó que las decisiones del Tribunal Constitucional son vinculantes y constituyen precedentes que deben ser respetados.
El Tribunal Constitucional otorgó al Congreso un plazo de dos años para corregir los vicios de la Ley 396-19 y aprobar una nueva normativa que cumpla con los parámetros establecidos en la Constitución, especialmente lo dispuesto en el artículo 112, que regula la aprobación de leyes orgánicas.
