La Liga Municipal Dominicana (LMD) y la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) organizaron un encuentro este martes para socializar con las autoridades municipales del país las principales novedades de la Ley 47-25 de Contrataciones Públicas.
Durante el encuentro, encabezado por el presidente de la LMD, Víctor D´Aza, el director de la DGCP, Carlos Pimentel, presentó los aspectos novedosos del nuevo marco legislativo que regirá las contrataciones públicas, con énfasis en lo concerniente a gobiernos locales, así como aquellas modificaciones que vienen a fortalecer la seguridad jurídica, la transparencia y que generarán un impacto positivo en el desarrollo local.
“Trabajamos junto a los ayuntamientos para que la Ley 47-25 sea una herramienta que impulse el desarrollo local y potencie una economía de triple impacto, donde la transparencia y la inclusión generen beneficios reales para la gente”, afirmó Pimentel.
De su parte, D´Aza motivó la importancia de este nuevo marco legal “que ha sido elaborado teniendo en cuenta a la realidad específica de la gestión municipal y ello permitirá que los procesos de compras cuenten una mayor adecuación a las necesidades de los gobiernos locales y sus territorios”. Asimismo, exhortó a las autoridades municipales a continuar realizando las contrataciones públicas en condiciones que garanticen la transparencia y el cumplimiento de la ley.
Junto a los funcionarios, participaron en este encuentro el presidente de la Federación Dominicana de Municipios (Fedomu), Nelson Núñez, y el presidente de la Federación Dominicana de Distritos Municipales (Fedodim), Lioncito José Sencilie, quienes agradecieron por esta iniciativa de socialización de la Ley 47-25 que servirá para que las autoridades municipales cuenten con la preparación adecuada para adaptar la gestión de las contrataciones públicas en sus ayuntamientos y juntas de distritos municipales, a lo que establece el nuevo marco legal que entra en vigencia el próximo año.
Dentro de los aportes más destacados de esta nueva ley, fueron señalados los siguientes: Más transparencia y trazabilidad: Cada proceso de compra será visible y auditable, desde el inicio hasta su ejecución; Régimen de consecuencias reales: Se incorporan sanciones penales para prevenir y castigar irregularidades; Compras sostenibles e inclusivas: Se promueve la participación de mipymes y empresas lideradas por mujeres, con una reserva presupuestaria del 30 %; Nuevas modalidades de contratación: Como convenios marco y licitaciones abreviadas que agilizarán y eficientizarán los procesos; Tecnología al servicio de la gente: Se pondrá en funcionamiento la plataforma EficomprasRD, una tienda virtual para la gestión de las compras menores, transparente y abierta.
Además, se establece un marco de coordinación entre los órganos de prevención y persecución de la corrupción, como la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig) y la Unidad Antifraude de la Contraloría, para asegurar un monitoreo continuo.
