Recientemente, el obispo de La Altagracia, monseñor Jesús Castro Marte, hizo un llamado público a enfrentar los problemas que afectan al pueblo dominicano, exhortando a los funcionarios a actuar con dignidad y transparencia en el manejo de los fondos del Estado. Su mensaje generó reacciones en distintos sectores políticos, sociales y jurídicos del país.
El ministro de Justicia, Antoliano Peralta, respaldó las declaraciones del prelado, afirmando que un gobierno sin críticos no puede avanzar ni mejorar. Señaló que la participación de voces críticas, especialmente de figuras respetadas como los obispos, fortalece el debate democrático y contribuye al progreso social. “Siempre habrá conatos de corrupción, y es fundamental que los obispos y otros sectores estén presentes para ayudarnos a crecer y mejorar”, expresó.
En la misma línea, Leidy Blanco, coordinadora general del movimiento Participación Ciudadana, destacó el rol histórico de la Iglesia en la defensa de los derechos de los dominicanos. Manifestó su preocupación por problemáticas como la corrupción, las desapariciones y casos recientes que han afectado derechos fundamentales, como el de la salud, citando la situación de Senasa. Blanco enfatizó la necesidad de que todos los sectores se unan para combatir la impunidad y garantizar juicios oportunos que generen consecuencias reales ante los actos de corrupción.
Por su parte, el abogado José Martínez Hoepelman calificó como “prudente” el llamado del obispo y afirmó que la transparencia en la administración pública debe ir más allá del discurso. Aseguró que el Gobierno debe recibir esta exhortación con humildad y traducirla en acciones concretas que fortalezcan la institucionalidad del país.
Martínez Hoepelman también denunció deficiencias en la gestión de la información pública, como la negación de solicitudes de acceso a la información, portales de transparencia desactualizados y nóminas incompletas. Además, advirtió sobre el uso político de las llamadas “nóminas secundarias”, las cuales, según indicó, permanecen ocultas al escrutinio ciudadano y afectan la correcta administración de los recursos del Estado.
Las distintas voces coincidieron en que solo mediante un diálogo activo, transparencia real y colaboración entre Iglesia, Gobierno y sociedad civil será posible enfrentar los desafíos que aquejan al país y avanzar hacia una República Dominicana más justa y transparente.
