República Dominicana actualiza su marco legal con penas más severas, nuevos tipos penales y medidas de protección a las víctimas.
Santo Domingo. – El presidente de la República, Luis Abinader, promulgó este domingo el nuevo Código Penal, sustituyendo la legislación vigente desde 1884 y marcando un antes y un después en el sistema de justicia penal dominicano.
Luego de décadas de debates, aplazamientos y múltiples intentos fallidos en el Congreso, la aprobación de esta reforma contó con el respaldo de los principales partidos políticos y representa una transformación profunda del marco jurídico penal del país.
El nuevo Código introduce cambios de fondo, entre ellos:
Tipificación de nuevos delitos como el feminicidio, el sicariato, el ciberacoso, la violencia económica, la difusión de “deepfakes” con fines de chantaje, la estafa piramidal y el autosecuestro.
Sanciones más severas, elevando las penas de prisión hasta 40 años y hasta 60 en casos de múltiples delitos graves.
Medidas sociojudiciales, como el registro de agresores sexuales, vigilancia posterior a la condena y programas de reinserción social.
Responsabilidad penal para personas jurídicas, permitiendo que empresas puedan ser sancionadas por delitos cometidos por sus directivos.
Mayor protección a víctimas de violencia, con órdenes de alejamiento más efectivas y garantías ampliadas.
Extensión de plazos de prescripción de delitos sexuales contra menores y personas vulnerables hasta 30 años desde que la víctima cumpla la mayoría de edad.
Además, la legislación refuerza la lucha contra la corrupción administrativa, ampliando los plazos para investigar, endureciendo las penas y estableciendo la inhabilitación para ocupar cargos públicos a quienes resulten culpables.
El Código Penal promulgado integra también un enfoque preventivo y resocializador, reconociendo que la seguridad ciudadana debe ser una responsabilidad conjunta entre Estado y sociedad.
La nueva normativa entrará en vigencia en un plazo de 12 meses, tiempo en el que las instituciones judiciales y policiales deberán adecuarse a su aplicación.
Con este paso histórico, la República Dominicana deja atrás un código anacrónico y se encamina hacia un modelo penal moderno, garantista y acorde a los estándares internacionales de derechos humanos.
