En una comunicación dirigida al Consejo del Poder Judicial, un grupo de magistrados y magistradas ha expuesto la necesidad urgente de aplicar el Manual de Compensaciones y Beneficios aprobado en febrero de 2022, el cual establece escalas salariales para jueces de diversas jerarquías.
Según el comunicado, a pesar de que el manual fue aprobado y divulgado a través de correos institucionales en marzo de 2022, no se ha implementado correctamente, generando una notable desigualdad entre los jueces.
En el mencionado manual, se detalla una escala salarial para jueces de paz, jueces de Primera Instancia y jueces de Corte de Apelación, con diferentes niveles según la antigüedad y el desempeño.
Sin embargo, debido a restricciones presupuestarias, se introdujo una disposición transitoria en la que se suspendió la aplicación de las bandas salariales correspondientes a la antigüedad, aplicándose una clasificación diferente para los jueces de Primera Instancia y de Corte de Apelación.
A pesar de que se estableció que esta disposición transitoria solo aplicaría durante el año 2022, la aplicación de las escalas salariales sigue sin ajustarse a las normativas originales, creando una disparidad entre los jueces.
Los magistrado manifestaron que su gran preocupación radica en que, conforme los jueces han cumplido con los años necesarios para ascender a la siguiente banda salarial, las variaciones no se han implementado, lo que representa una violación a las disposiciones del manual aprobado por la misma institución.
Los magistrados también señalaron que no deberían ser ellos quienes deban solicitar el cambio de categoría, ya que este proceso debía llevarse a cabo de manera automática, según las disposiciones del manual. La omisión de este ajuste ha provocado un malestar generalizado, pues se considera que se están vulnerando principios fundamentales como la seguridad jurídica, la previsibilidad normativa y la igualdad en el trato.
Citan además el análisis del propio Consejo del Poder Judicial, que, en una reciente sesión ordinaria, reiteró el principio de equidad retributiva establecido en la Ley de Función Pública. Este principio establece que, a trabajo igual, en idénticas condiciones de capacidad, desempeño o antigüedad, corresponde siempre una remuneración igual. Sin embargo, la situación actual de los jueces evidencia una clara discrepancia en el trato, ya que algunos jueces de igual jerarquía y condiciones no reciben el mismo salario.
A casi tres años de la entrada en vigor del manual, los magistrados demandan una pronta resolución a este asunto, instando al Consejo del Poder Judicial a cumplir con sus compromisos y garantizar una remuneración justa para todos los jueces, conforme a los principios de equidad y justicia salarial.
