EFE.- La líder opositora venezolana María Corina Machado pidió este domingo al papa León XIV interceder por los presos políticos en el país suramericano, para que a estos los liberen antes de la canonización del médico laico José Gregorio Hernández y de la religiosa Carmen Rendiles, el próximo 19 de octubre.
«Hoy alzamos nuestra voz para pedir una canonización sin presos políticos. Le pedimos a su santidad, el papa León, y a toda la gente de bien alrededor del mundo que en este camino a la canonización de nuestros santos, la madre Carmen Rendiles y el Dr. José Gregorio Hernández, intercedan por cada uno de nuestros héroes secuestrados», expresó en la red social X.
Además, Machado aseguró que los venezolanos luchan «por la libertad, por la justicia, por la verdad y por la familia».
Este domingo, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clipp) hizo un llamado a los venezolanos, a través de X, a firmar de manera digital una carta abierta dirigida a León XIV, en la que le solicitan que pida al Gobierno del presidente Nicolás Maduro liberar de forma «inmediata e incondicional» a todos estos detenidos, que la ONG Foro Penal cifra en 823.
En la misiva, señalan que la canonización de los que serán los dos primeros santos de Venezuela es «una oportunidad única para sanar estas heridas que representan los presos políticos».
En ese sentido, confían en que este «evento histórico y espiritual» pueda «ser un vehículo para la libertad, la paz y la reconciliación» y que los presos políticos lo puedan vivir «en libertad».
La escalada de la situación de los presos políticos en Venezuela
A través de X, el Clipp también pidió a los ciudadanos publicar mensajes de apoyo, fotos o vídeos con la etiqueta #CanonizaciónSinPresosPolíticos e invitar «a más personas a sumarse» a esta campaña, con el fin, agregó, de que la santificación de ambos beatos «sea un acto de fe, esperanza, justicia y libertad, un mensaje de paz, reencuentro y vida frente a la represión».
En la carta a León XIV, advierten que «ha escalado dramáticamente» la «grave crisis de derechos humanos» en el país, donde, denuncian, «las detenciones arbitrarias ya no se limitan a líderes políticos, sino que afectan a ciudadanos de todos los estratos sociales».
El Gobierno y la Fiscalía niegan que en el país haya personas detenidas por motivos políticos, sino que -aseguran- cometieron varios delitos, una afirmación que rechazan varios partidos opositores y organizaciones.
