Desde el inicio de su administración, el gobierno de Luis Abinader se ha visto en la necesidad de “echar para atrás” disposiciones que han generado un gran revuelo en la población y dentro de su propio partido; y las últimas semanas no han sido la excepción.
La más reciente de todas ellas se produjo por el proyecto de Reforma Fiscal, depositado por el Poder Ejecutivo ante el Congreso Nacional.
Este proyecto despertó el descontento no solo de los partidos de oposición, sino de la población en general, por las alzas de impuestos que traería la reforma.
Movimientos sociales, partidos de oposición y la sociedad civil convocaron una serie de protestas en diferentes partes del territorio nacional en rechazo al proyecto de reforma fiscal.
Para buscar un consenso en torno a la reforma fiscal, se realizaron vistas públicas donde ciudadanos y organizaciones expusieron su puto de vista sobre el proyecto, que alegadamente atentaba contra el bienestar de la familia dominicana.
Las constantes quejas, los cacerolazos, protestas ante el Congreso, obligaron que el presidente de la República, Luis Abinader se pronunciara para anunciar que ordenaba el retiro del proyecto de Reforma Fiscal, porque este no contaba con el consenso necesario para su aprobación.
Abinader habló de la reforma fiscal en un discurso dirigido a la nación, que duró casi seis minutos y en el que reconoció que la propuesta “no recibió el apoyo ciudadano”.
Tarifas eléctricas
Debido a los reclamos, los hashtags y las convocatorias a marchas multitudinarias, Abinader expresó ante varios reporteros que el gobierno había determinado “detener próximas alzas de la tarifa eléctrica hasta que cambien las circunstancias económicas en la República Dominicana”.
Un día después de esas declaraciones, mediante la Resolución SIE-068-2022-TF, la Superintendencia de Electricidad (SIE) anunció que modificaría la disposición emitida el 30 de junio, en la que se establecieron las tarifas de transición para el trimestre julio-septiembre de 2022, dejando las mismas sin efecto y manteniendo en vigencia las aplicadas en el trimestre abril-junio de 2022.
Fideicomiso de Punta Catalina
El 11 de enero de este año, la Cámara de Diputados aprobó un fideicomiso para la Central Termoeléctrica Punta Catalina (CTPC) el cual había sido depositado por el Poder Ejecutivo unas semanas antes.
De inmediato, las críticas desde varios sectores de la sociedad no se hicieron esperar y en medio de los dimes y diretes entre el oficialismo y la oposición, el 30 de enero Abinader anunció que solicitaba al Congreso aplazar el conocimiento del contrato de fideicomiso, hasta tanto el Consejo Económico y Social (CES) reciba las opiniones de quienes quieran aportar “para buscar el mecanismo más apropiado y transparente en el manejo y preservación de las termoeléctricas”.
El retiro del proyecto ciberdelincuencia
Unas semanas antes, a mediados del mes de junio, el jefe del Estado instruyó el retiro del Congreso Nacional del proyecto de ley contra la ciberdelincuencia, que podría sancionar a un ciudadano con hasta cuatro años de prisión por publicaciones discriminatorias.
“Por instrucción del presidente de la República estoy procediendo a retirar de la Cámara de Diputados el proyecto de ley contra la ciberdelincuencia a fin de facilitar el trabajo que llevará a cabo la Comisión Consultiva para la revisión y actualización de legislación sobre libertad de expresión”, expresó Antoliano Peralta, consultor jurídico del Poder Ejecutivo.
Abinader, mediante el mensaje número 13818 del 14 de junio de 2022, remitió al Congreso Nacional el proyecto de ley contra la ciberdelincuencia, que tiene por objeto “lograr la protección integral de los sistemas que utilizan tecnologías de la información y comunicación, así como la prevención, persecución y sanción de dos tipos de delitos.
Presupuesto 2021
En octubre de 2020, el gobierno presentó un proyecto de presupuesto que incluía nuevas cargas impositivas. Ante las críticas, el 9 de octubre fue retirado del Congreso Nacional.
