Santo Domingo. — El director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Milton Morrison, arremetió este miércoles contra varias instituciones del Estado, cuestionando duramente su ineficiencia y la falta de compromiso con la aplicación efectiva de la ley de tránsito en el país.
Morrison aseguró que el sistema de fiscalización vial está “colapsado” debido a la falta de coordinación entre las entidades involucradas y a la distribución desigual de los recursos provenientes de las multas de tránsito.
“Descubrí que la entidad responsable de administrar las multas es la Procuraduría General de la República. Me reuní con ellos, acudí a la Suprema Corte de Justicia y visité otras instancias, pero en ninguna encontré respuestas”, denunció Morrison. Añadió que hace dos meses solicitó formalmente un aumento en el monto de las multas, pero que recibió comentarios informales instándole a desistir: “Lo que me decían por detrás fue que me olvidara de eso, que esa ley no se aplica y que nadie quiere asumir el costo político”.
El titular del Intrant señaló que no ha recibido ninguna respuesta oficial por parte de la Procuraduría y manifestó que se niega a ser “cómplice por omisión”. “Aquí hay que poner orden. Esto no es para hacerse el gracioso con declaraciones en la prensa criticando al Intrant o a la Digesett. Hay que hablar con la verdad y enfrentar la realidad”, subrayó.
Populismo legislativo y falta de transparencia
Morrison también cuestionó el papel de algunos legisladores, a quienes acusó de caer en el populismo, aprobando leyes que luego desacreditan públicamente con fines de simpatía política.
“Mi compromiso es con la transparencia y la verdad. No estamos aquí para lucir bien, sino para servir. Después de eso, que la gente decida, porque somos servidores públicos, no figuras decorativas”, afirmó tajantemente.
Recursos mal distribuidos y desarticulación institucional
El director del Intrant detalló que los organismos encargados de imponer el orden vial son los que menos recursos reciben. Según explicó, el 75% de los fondos recaudados por concepto de multas es administrado por la Procuraduría General de la República, mientras que el Intrant debería recibir el 25%. Sin embargo, Morrison aseguró: “Llevo siete meses en el cargo y no me ha llegado ese 25%”.
El funcionario advirtió que los recursos están concentrados en entidades que no ejecutan labores operativas, mientras que cuerpos como la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) carecen de fondos propios, a pesar de ser los llamados a ejercer control efectivo en las vías.
“Esto tiene que cambiar. No se trata solo de hacer leyes, sino de garantizar su cumplimiento y dotar de herramientas y recursos a quienes deben hacerlas valer”, concluyó Morrison.
