SANTO DOMINGO. Diversas organizaciones feministas, colectivos de derechos humanos y agrupaciones civiles expresaron este miércoles su profunda preocupación ante la reciente promulgación del nuevo Código Penal dominicano, al considerar que vulnera derechos fundamentales, especialmente los de las mujeres, la niñez y las minorías.
En una declaración conjunta difundida en rueda de prensa, representantes de entidades como Colectiva Mujer y Salud, Profamilia, Participación Ciudadana y el Centro de Estudios de Género del INTEC, pidieron al Tribunal Constitucional que revise artículos que, a su juicio, “representan un retroceso inaceptable” para el marco jurídico y democrático del país.
“Este Código Penal excluye de nuevo las tres causales del aborto, penaliza el derecho a la protesta, protege estructuras de poder como partidos políticos e iglesias frente a responsabilidades legales y disminuye las penas por violencia de género. No es modernización, es regresión”, expresó Altagracia Taveras, vocera del colectivo.
Las organizaciones también alertaron que varios artículos del nuevo Código pueden fomentar una cultura de impunidad y represión, al establecer sanciones penales por expresiones públicas contra funcionarios y por compartir información con organismos internacionales.
Propuesta de recurso legal y movilización pacífica
Ante este escenario, los colectivos anunciaron que interpondrán un recurso de inconstitucionalidad y desarrollarán una agenda de movilización pacífica en todo el país para exigir la modificación del texto legal.
“No se trata de una posición ideológica, sino de la defensa de los derechos humanos en un Estado democrático. Este Código fue aprobado sin un debate plural ni con la debida consulta ciudadana”, añadió Taveras.
Además, invitaron a la población a participar en una jornada nacional de reflexión y expresión crítica el próximo 18 de agosto, con actividades culturales, foros públicos y cadenas humanas frente a las cortes de justicia.
Llamado al diálogo institucional
Las organizaciones exhortaron al presidente Luis Abinader y al Congreso Nacional a abrir un espacio institucional de diálogo con los sectores de la sociedad civil, académicos, juristas y víctimas de violencia, con el fin de construir un marco penal “realmente justo, moderno y respetuoso de los derechos fundamentales”.
“Un Código Penal no puede legislar contra el pueblo al que pretende servir”, concluyó el comunicado.
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