El Ministerio Público apeló este miércoles la decisión del Primer Tribunal Colegiado de La Vega que extinguió la acción penal contra el empresario Miguel Arturo López Florencio, alias “Micky López”, y varios familiares suyos, acusados de lavado de activos provenientes del narcotráfico.
La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo considera que el tribunal actuó de forma incorrecta al poner fin al proceso, atribuyendo la inactividad al órgano acusador. El fallo se basó en una supuesta dilación procesal excesiva.
El abogado de la familia López, Esteban Pérez, sostiene que fue el propio Ministerio Público el responsable de los retrasos. Citó como ejemplo múltiples aplazamientos, cuatro recusaciones de jueces, una inhibición y una solicitud de declinatoria que tardó seis meses en resolverse en la Suprema Corte de Justicia.
Pérez también afirmó que se pidieron dos prórrogas para completar la acusación, cuando la ley solo permite una. “La jueza explicó detalladamente por qué la extinción del proceso era procedente”, aseguró.
El expediente contra Micky López y sus allegados fue iniciado formalmente el 29 de junio de 2020. No obstante, al momento de la decisión tomada en abril de este año, apenas se había entrado en la fase de juicio de fondo, lo que llevó al tribunal a responsabilizar al Ministerio Público de la paralización.
Además de Micky López, en el expediente figuran sus hijos José Miguel López Pilarte y Miguel Arturo López Pilarte, así como su cuñada Ada Marie Pilarte. Todos están acusados de realizar transacciones millonarias sin justificar el origen lícito de los fondos.
La Corte de Apelación aún no ha fijado la fecha para conocer el recurso presentado por el Ministerio Público. La defensa, por su parte, confía en que el fallo será ratificado al considerar que “la jueza actuó conforme a derecho”.
