El Ministerio Público depositó ante el Primer Juzgado de la Instrucción del distrito judicial de San Cristóbal, la acusación formal contra cinco miembros de una organización criminal dedicada al narcotráfico y lavado de activos, encabezada por el occiso José Antonio Figuereo Bautista, alias "Kiko La Quema".
La acusación fue presentada por la procuradora titular de la Fiscalía de San Cristóbal, Fadulia Rosa Rubio, y la fiscal Laura Segura Cordero, quienes identificaron a los acusados como el coronel retirado de la Policía Nacional, Elvi de la Rosa de León, alias "El Gringo", Ángel Miguel Figuereo Santana, Wilkin Lorenzo Moreta, Ana Luisa de Jesús y Joselito Valdez.
Los acusados enfrentan diversas medidas de coerción, con prisión preventiva para De la Rosa, Moreta Lorenzo y Figuereo Santana, mientras que De Jesús y Valdez están sujetos a presentación periódica.
Banda criminal vinculada al narcotráfico y lavado de activos
De acuerdo con las investigaciones, Elvi de la Rosa, en su condición de teniente coronel de la Policía Nacional, utilizaba su estatus para facilitar el transporte de Figuereo Bautista, alias "Kiko La Quema", a través de diferentes vehículos de la organización criminal, eludiendo los controles policiales. Además, se le señala por adquirir y transportar suministros, alimentos, bebidas y armas hacia la zona montañosa donde Figuereo Bautista se encontraba oculto.
Por su parte, Wilkin Lorenzo Moreta desempeñaba un rol clave en la organización, gestionando y adquiriendo vehículos para la comisión de diversos crímenes, incluidos homicidios, narcotráfico y porte ilegal de armas. También se le acusa de realizar labores de mecánica automotriz para la organización.
Ángel Miguel Figuereo Santana, hijo del fallecido líder de la banda, se encargaba de abastecer los puntos de venta y distribución de drogas en la zona donde residía su padre, mientras que Ana Luisa de Jesús tenía a su cargo la venta y distribución de sustancias controladas en la región de Calderón, Los Cacaos, en San Cristóbal. Joselito Valdez, por su parte, se dedicaba a la venta de drogas en el municipio de Cambita Garabitos.
El Ministerio Público ha presentado cargos contra los acusados por violar diversas disposiciones del Código Penal Dominicano, así como de las leyes 631-2016, para el control de armas, y la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas.
