El Ministerio Público ha solicitado la imposición de prisión preventiva contra el abogado Héctor Aníbal Santillán Faulkner, acusado de desempeñar un papel clave en la estructura legal de la red de fraude financiero Investor Winner. Este esquema fue desmantelado en junio de 2024 como parte de la denominada Operación Gaviota.
Las autoridades sostienen que Santillán Faulkner ha mostrado un comportamiento elusivo, intentando evadir el proceso judicial en su contra. Por esta razón, consideran que su permanencia en libertad representa un alto riesgo de fuga y que la prisión preventiva es la medida más adecuada para garantizar su comparecencia ante la justicia.
La audiencia para conocer la solicitud del Ministerio Público está programada para el jueves 3 de abril. Según las investigaciones, el acusado jugó un papel fundamental en la creación de las estructuras legales que permitieron la operación del esquema fraudulento, el cual causó pérdidas superiores a los 4,000 millones de pesos y afectó a cientos de inversionistas.
El expediente detalla que Santillán Faulkner huyó en varias ocasiones para evitar su captura, ocultándose de su residencia habitual y utilizando diversas maniobras legales para dificultar su procesamiento. Su detención se produjo recientemente, tras haber estado prófugo desde enero de 2023.
Entre las empresas vinculadas al abogado figuran Inversiones Cataleya S.R.L., que manejó sumas millonarias en pesos y dólares, y la Cooperativa de Ahorros, Créditos y Servicios Múltiples de Emprendedores Educativos (COOPES), donde fungía como presidente y que, según las acusaciones, fue utilizada como un medio para captar fondos de inversores engañados.
El Ministerio Público lo acusa de fraude, lavado de activos y violaciones a la legislación financiera del país. Además, lo señala como una pieza clave en el andamiaje jurídico que facilitó la captación y movilización de fondos dentro del esquema fraudulento. La red operó entre 2020 y 2024, captando recursos de más de 330 víctimas.
El caso ha sido declarado complejo, y actualmente hay 41 personas procesadas, incluyendo al presunto cabecilla Rafael Martínez Batista y otros 25 imputados, quienes enfrentan medidas de coerción como prisión preventiva.
Las investigaciones han revelado que la organización atraía inversores con la promesa de rendimientos de hasta un 30 % mensual a través de supuestas operaciones de trading. Sin embargo, se ha determinado que menos del 15 % de los fondos fueron realmente invertidos en plataformas legales, mientras que la mayor parte del dinero se utilizaba para pagar a los primeros inversionistas, en un esquema piramidal clásico.
Las autoridades continúan ampliando las investigaciones para identificar a posibles nuevos involucrados en la trama y asegurar la devolución de los fondos sustraídos a las víctimas.
