El canciller de la República Dominicana, Roberto Álvarez, enfrentó durante seis horas una solicitud de medida de coerción en su contra, que buscaba una sanción por un supuesto desacato a una orden judicial emitida por el Tribunal Superior Administrativo.
La solicitud fue rechazada por la Suprema Corte de Justicia, que declaró inadmisible la demanda. En ella se alegaba que el canciller había desobedecido una resolución judicial del Tribunal Superior Administrativo, lo cual motivó la acción legal.
La exconsejera Ilonka Rossiveris Pérez Ariza, quien se constituyó como parte civil en el caso, acusó al canciller de “abuso de autoridad” y “atentado contra la libertad personal”. Rossiveris Pérez Ariza, mediante la sentencia TC-0362-19 del 18 de septiembre de 2019, logró que el Tribunal Constitucional le otorgara la facultad de solicitar medidas de coerción en acciones de carácter público, como la presentada contra Álvarez.
El canciller de la República Dominicana, Roberto Álvarez, enfrentó durante seis horas una solicitud de medida de coerción en su contra, que buscaba una sanción por un supuesto desacato a una orden judicial emitida por el Tribunal Superior Administrativo.
La solicitud fue rechazada por la Suprema Corte de Justicia, que declaró inadmisible la demanda. En ella se alegaba que el canciller había desobedecido una resolución judicial del Tribunal Superior Administrativo, lo cual motivó la acción legal.
La exconsejera Ilonka Rossiveris Pérez Ariza, quien se constituyó como parte civil en el caso, acusó al canciller de “abuso de autoridad” y “atentado contra la libertad personal”. Rossiveris Pérez Ariza, mediante la sentencia TC-0362-19 del 18 de septiembre de 2019, logró que el Tribunal Constitucional le otorgara la facultad de solicitar medidas de coerción en acciones de carácter público, como la presentada contra Álvarez.
