Santo Domingo.– El Ministerio Público, a través de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), recusó este miércoles a la jueza Patricia Padilla, del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, por considerar que muestra una abierta parcialidad a favor de los imputados en el caso de corrupción relacionado con la modernización del sistema de semáforos del Gran Santo Domingo.
La recusación se produce en el marco de la audiencia preliminar que se sigue contra Hugo Beras, José Gómez y otros implicados en una red que, según el Ministerio Público, defraudó al Estado dominicano mediante un contrato millonario para la renovación del sistema de semáforos.
El fiscal litigante Jonathan Pérez Fulcar explicó que la magistrada ha tomado decisiones que benefician directamente a los imputados, lo que demuestra –a su juicio– una falta de imparcialidad. Entre las acciones cuestionadas, citó la autorización otorgada a José Gómez para salir del país hacia destinos como Disney World y Panamá, pese a contar con una medida de coerción que le prohíbe salir del territorio nacional.
Además, el Ministerio Público criticó que la jueza ordenara la devolución de armas de fuego que estaban en poder del imputado José Gómez, aunque registradas a nombre de terceros. “Esta actuación contrasta con decisiones anteriores adoptadas por la misma jueza en otros casos similares, donde no se concedieron privilegios bajo circunstancias análogas”, señaló Pérez Fulcar.
La Pepca espera que la Corte de Apelación del Distrito Nacional evalúe y acoja la recusación en función de los argumentos presentados.
El caso involucra a Hugo Beras Goico, exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant); José Gómez y otros exfuncionarios y contratistas, quienes enfrentan acusaciones de desfalco, estafa al Estado, falsificación, coalición de funcionarios, contrabando, comercio ilícito, sabotaje a infraestructura crítica, terrorismo y robo de identidad.
También están implicados Frank Díaz Warden, Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, José Ángel Gómez Canaán (Jochi), Pedro Vinicio Padovani Báez, Juan Francisco Álvarez Carbuccia y Carlos José Peguero Vargas.
Durante la investigación, el Ministerio Público realizó múltiples allanamientos en distintas localidades, incluyendo el Distrito Nacional, Santo Domingo Este, San Cristóbal y Punta Cana. En estos operativos participaron más de 170 miembros de la Policía Nacional, unidades especiales y 30 fiscales especializados, logrando incautar evidencia clave que sustenta la acusación.
El órgano persecutor ha catalogado esta operación como una de las más contundentes y exitosas contra el crimen organizado en la República Dominicana.
