El Ministerio Público culminó la presentación de la acusación contra Rafael Martínez Batista, el abogado Héctor Aníbal Santillán Faulkner y los demás miembros de la red de estafa que captó más de RD$4,239 millones y US$11.6 millones a través del esquema fraudulento denominado Investor Winner desmantelado con la Operación Gaviota.
El Ministerio Público, representado por los procuradores fiscales Jonathan Pérez Fulcar, Miguel Crucey Rodríguez, Yudelka Josefina Holguín Liz, Alexis Piña Echavarría y Emmanuel Ramírez Sánchez, adscritos a la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, detalló ante el Séptimo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional las pruebas que soportan el expediente de 668 páginas.
El órgano acusador ofertó un total de 376 pruebas testimoniales, 19 peritajes financieros y de informática forense, 254 pruebas documentales y 29 pruebas materiales. Asimismo, solicitó el decomiso a favor de las víctimas de 29 inmuebles adquiridos con los fondos obtenidos mediante el esquema de estafa y pidió la apertura a juicio contra las 25 personas físicas y 16 personas jurídicas acusadas en el proceso.
De acuerdo con la acusación presentada, durante los años 2020-2024, la estructura criminal operó un esquema piramidal que captó y movilizó fondos de manera fraudulenta, ofreciendo rendimientos mensuales de entre 10% y 30% bajo el falso alegato de inversiones bursátiles legítimas.
Durante dicho período, lograron captar fondos de más de 330 víctimas en distintas provincias del país, muchas de las cuales hipotecaron propiedades o comprometieron sus ahorros personales. La investigación evidenció que los pagos a los primeros inversionistas se financiaban con los aportes de nuevos participantes, revelando un patrón característico de fraude tipo Ponzi.
Las investigaciones revelaron que los cabecillas, Rafael Martínez Batista y su cónyuge Eridania García Veloz de Martínez, junto a los demás acusados, captaban a las víctimas mediante la empresa Investor Winner IW S.R.L. y un entramado de sociedades y cooperativas ficticias. Bajo el falso alegato de contar con autorización para realizar actividades de intermediación financiera y participar en el mercado de valores, ofrecían rendimientos mensuales de entre 10% y 30%, asegurando que provenían de operaciones bursátiles.
La Dirección General de Persecución del Ministerio Público comprobó que no existían inversiones legítimas en los mercados internacionales, sino que se trataba de un esquema Ponzi, en el que los pagos a los primeros inversionistas eran financiados con los aportes de nuevos participantes.
El Ministerio Público detalló que la red utilizó redes sociales como Instagram, Facebook, WhatsApp y Telegram para promocionar falsas oportunidades de inversión, falsificó estados financieros y constituyó empresas de fachada, logrando atraer a cientos de personas en todo el territorio nacional. Los procesados reclutaban a los inversores y los convencían de que estaban realizando una inversión legítima, creando empresas para captar valores del público sin poseer los permisos ni registros correspondientes ante la Superintendencia de Bancos ni la Superintendencia del Mercado de Valores.
Para ocultar rastros y obstaculizar la investigación, los imputados cedieron las acciones de las empresas una vez colapsado el esquema y desaparecieron de sus domicilios habituales, mudándose desde Higüey hacia Dajabón o Azua; algunos, incluso, salieron del país. Estas acciones delictivas han dejado un gran drama humano, con personas que perdieron tod…
