El Parlamento de Nicaragua, controlado por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), aprobó este viernes una reforma parcial a la Constitución que otorga mayores poderes al presidente Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, quien ocupará el nuevo cargo de “copresidenta”.
La reforma fue enviada por Ortega al Congreso el martes con carácter de urgencia y recibió la aprobación unánime de los 91 diputados presentes en la sesión.
Entre los principales cambios, la reforma establece que la Presidencia de la República, ahora liderada por Ortega y Murillo, tendrá autoridad sobre los tres poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como sobre los órganos regionales y municipales. Además, el cargo presidencial será complementado por la figura de un copresidente y una copresidenta, quienes serán elegidos por sufragio universal y gozarán de inmunidad durante su mandato de seis años.
La reforma también redefine al Estado nicaragüense como “revolucionario” y le otorga un carácter más fuerte al control del Gobierno sobre las instituciones, incluyendo la Policía Nacional, el Ejército y el Ministerio del Interior, consolidando aún más el poder del Ejecutivo. Se establece que la Presidencia será la Jefatura Suprema de las fuerzas armadas y de la Policía, mientras que la Policía Voluntaria, un nuevo cuerpo auxiliar, podrá intervenir en las labores de seguridad interna.
Además, los legisladores reformaron 135 artículos de la Constitución y derogaron 38, incluidos algunos relacionados con los derechos humanos, como el artículo que prohibía la tortura. Esta medida también amplía el mandato presidencial de cinco a seis años y fortalece la capacidad del Gobierno para desoír las sanciones internacionales, argumentando que ninguna medida externa violatoria del derecho internacional tendrá validez en Nicaragua.
Con la reforma, el control sobre los medios de comunicación se incrementará, lo que genera preocupaciones entre la oposición y grupos de derechos humanos que ven en estos cambios una concentración aún mayor de poder en manos del Ejecutivo. La propuesta, que debe ser ratificada en una segunda legislatura en 2025 para entrar en vigor, marca un nuevo capítulo en el proceso de consolidación del poder del Frente Sandinista, en el que Ortega y Murillo continúan avanzando hacia un control total sobre el aparato estatal.
Opositores han denunciado que esta reforma refuerza un régimen autoritario y pone en peligro las libertades civiles, mientras que el Gobierno justifica las reformas como necesarias para garantizar la estabilidad y soberanía nacional frente a presiones externas.
