El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader aclaró este lunes que la disposición emitida por el Ministerio de Administración Pública (MAP) para que empleados públicos presenten sus facturas de agua y luz no es “obligatoria”.
Asimismo, la medida dispuesta mediante la circular 018031, ha generado polémica, ya que diversos sectores civiles y la oposición han declarado que esta podría violar la privacidad de los trabajadores del Estado.
Abinader refiriéndose a la circular, recalcó que la misma busca establecer una cultura de ejemplo y responsabilidad en el cumplimiento de las obligaciones ciudadanas, sin ánimo de sancionar.
“Lo que busca, incluso, es que en algunos casos los empleados públicos que están en la escala salarial más baja puedan recibir apoyo con el pago de esos servicios; esta disposición no busca más que dar el ejemplo”, expresó el jefe de Estado.
En ese mismo orden, manifestó que: “Esa disposición tiene una intención y solo puede tenerla si es voluntaria, lo que busca es que en algunos casos a los empleados de salarios más bajos era darle hasta el bono luz, que iba a tener efectos positivos a los de menor nivel con el apoyo de bono luz”.
El ministro de Administración pública, Sigmeund Freund, también se refirió a la medida en un comunicado y declaró que el objetivo principal es conocer los patrones de consumo de los empleados y fomentar una “cultura de cumplimiento y responsabilidad cívica”.
Freund dijo que el Estado debe ser un referente en la responsabilidad ciudadana, y que esta disposición se alinea con los principios de la Ley 41-08 sobre conducta ética en el servicio público. Incluso, indicó que él mismo envió su factura de electricidad para cumplir con la solicitud.
Freund insistió en que este “ejercicio libre y voluntario” no infringe la privacidad ni la Constitución, argumentando que la información de facturas de servicios públicos es de naturaleza administrativa, emitida por empresas concesionarias que brindan servicios esenciales.
Desde que se dio a conocer la medida, distintas voces han manifestado sus preocupaciones sobre la privacidad de los datos de los servidores públicos. En respuesta, el MAP emitió un comunicado reiterando que el levantamiento de información es “voluntario” y que su fin último es el compromiso de los servidores públicos en el cumplimiento ético de sus obligaciones. La entidad asegura que no se aplicarán sanciones por no cumplir con el pedido de presentar facturas y que la intención es garantizar la continuidad de los servicios y, en algunos casos, ofrecer apoyo a quienes más lo necesiten.
El MAP estableció un plazo de 15 días para que las direcciones de Recursos Humanos en las instituciones públicas confirmen si los empleados poseen contratos de servicios públicos a su nombre o al de algún familiar, con el objetivo de “facilitar la gestión administrativa”.
Reacciones en contra de esta medida
La Fuerza del Pueblo vertió su acidez al respecto, rechazando de plano esa medida. El vocero de sus diputados, Rafael Castillo, y su encargado de Asuntos Jurídicos, Raúl Martínez, se pronunciaron objetando de plano la ordenanza.
Para Castillo, la medida es una muestra de “la ineficiencia y la falta de responsabilidad de un Gobierno que, en vez de abocarse a hacer una reforma tributaria consensuada y responsable, lo que desea es seguir improvisando con mamotretos de medidas como estas, que son ilegales en la Administración pública”.
La excandidata vicepresidencial por el PLD, Zoraima Cuello, planteó que la “apariencia simple del MAP es compleja, porque se trata de exigir que más 600,000 empleados públicos presenten facturas de servicios básicos en tan solo un plazo de 15 días”.
El secretario de Asuntos Jurídicos del Partido de la Liberación Dominicano, José Dantés, expresó que: “Lamento mucho que se haya producido esa circular con una disposición de esta naturaleza, a todas luces inconstitucional, porque viola el derecho a la intimidad, al honor personal, que debe preservar el Estado”.
