La sentencia del TSA fue recurrida por Obras Públicas ante la Suprema Corte de Justicia, que rechazó el recurso y luego llegó al Tribunal Constitucional, convirtiéndose en sentencia definitiva marcada con el número TC-0951-23.
El Tribunal Constitucional comunicó al licenciado Angel Lockward la sentencia definitiva que obliga al gobierno a pagarle más de RD$12 millones como resultado de una astreinte impuesta por el Tribunal Superior Administrativo (TSA) ante la negativa del Ministerio de Obras Públicas de entregar un plano de un área verde en Puerto Plata, en violación de la Ley de Libre Acceso a la Información Pública.
La sentencia del TSA fue recurrida por Obras Públicas ante la Suprema Corte de Justicia, que rechazó el recurso y luego llegó al Tribunal Constitucional, convirtiéndose en sentencia definitiva marcada con el número TC-0951-23.
En cuanto a la forma, la alta corte admitió el recurso de Obras Públicas, pero en cuanto al fondo, confirmó la sentencia de la Suprema, ordenó la comunicación y declaró el proceso libre de costas.
