La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional conocerá hoy la solicitud de medida de coerción contra diez implicados en la presunta red de corrupción denominada “Operación Lobo”. El Ministerio Público pide prisión preventiva y que el caso sea declarado complejo.
Asimismo, la supuesta red involucra a militares, policías y civiles, quienes, según la acusación, incurrieron en un esquema de sobornos superior a los RD$100 millones para obtener contratos estatales de seguridad privada.
Los acusados son: Mayor general retirado del Ejército, Carlos Ambrosio Robles Díaz; los coroneles Andrés Pacheco Varela, Ramón Quezada Ortiz, Luis Ernesto Vicioso Bocio, Francisco Guarín Fernández y Elías Caamaño Pérez y Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar. El primer teniente del Ejército, Wellington Peralta Santos, Bolívar Nicolás Fernández Espinal y el empresario Quilvio Bienvenido Rodríguez González.
De acuerdo con el expediente, los imputados supuestamente utilizaron sobornos para obtener y mantener contratos de seguridad privada en instituciones públicas como el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), el Seguro Nacional de Salud (Senasa) y las empresas distribuidoras de electricidad EdeNorte, EdeEste y EdeSur.
Estas acciones, según el Ministerio Público, afectaron directamente a entidades sensibles del Estado.
La investigación se originó tras una denuncia remitida al Ministerio Público por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental.
El centro de operaciones de la presunta red es la empresa Servicios Nacional de Seguridad Integral SRL (SENASE), propiedad de Rodríguez González.
Según el órgano persecutor, entre 2014 y 2024, Senase movilizó más de RD$7,247 millones a través del sistema financiero nacional, usando cuentas en bancos como Banreservas, Banco Popular y Banco BHD.
Esta cifra refleja el volumen de negocios de la empresa, que, según la acusación, se mantuvo en el Estado mediante pagos ilegales.
El expediente indica que entre un 5 % y un 10 % de los ingresos de SENASE fueron destinados al pago de sobornos a funcionarios públicos y personas ligadas a procesos de contratación.
Ese porcentaje representa entre RD$362 millones y RD$724 millones, supuestamente usados para asegurar contratos estatales y garantizar su continuidad de forma irregular.
