SAN JUAN, PUERTO RICO – Miles de inmigrantes, en su mayoría de nacionalidad dominicana, enfrentan momentos de tensión e incertidumbre luego de que se hiciera público que el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) de Puerto Rico ha estado compartiendo datos personales con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), como parte de una operación federal liderada por la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI).
La agente especial a cargo de HSI en la isla, Rebecca González Ramos, confirmó a medios locales que dicha solicitud de información fue realizada a finales de enero de 2025. La lista incluye nombres, fechas de nacimiento y posiblemente direcciones de más de cinco mil inmigrantes que cuentan con licencias de conducir, pero no con un estatus migratorio definido.
“Ya estamos en el proceso de evaluar la lista”, declaró González Ramos, quien además justificó la acción alegando que el objetivo es identificar a inmigrantes con órdenes de deportación y récord criminal que justifique su expulsión del país.
Sin embargo, la revelación ha generado indignación y preocupación dentro de la comunidad inmigrante, especialmente entre los dominicanos, quienes constituyen una parte vital del motor económico de Puerto Rico. Muchos temen que esta acción sea el inicio de una ola de deportaciones enmarcada en la política migratoria de línea dura promovida por la administración del presidente Donald Trump.
El gobierno de Puerto Rico respondió a las críticas asegurando que actuó dentro del marco legal. El secretario de Asuntos Públicos, Hiram Torres Montalvo, declaró que “Puerto Rico es una jurisdicción de ley” y que cualquier solicitud del gobierno federal se maneja “con la seriedad que amerita”.
La colaboración fue confirmada también por el propio secretario del DTOP, quien reconoció que la entrega de información fue validada a través de canales institucionales. No obstante, el alcance y propósito del uso de esos datos ha encendido la alarma tanto en organizaciones defensoras de derechos humanos como en figuras políticas de alto perfil.
Desde 2013, la Ley 97 permite que inmigrantes sin estatus migratorio regular puedan obtener una licencia de conducir en Puerto Rico, medida implementada por el entonces gobernador Alejandro García Padilla con el objetivo de mejorar la seguridad vial y reducir accidentes.
“Esa ley no fue creada para rastrear ni deportar a nadie”, recordó García Padilla, quien reaccionó con dureza ante la noticia.
Durante una entrevista televisiva, el exmandatario acusó a la administración actual de traicionar los principios de la ley que él mismo redactó.
“Entregaron seres humanos. Los que entregaron esa lista son gente mala, gente arrodillada. ¿Cómo pueden ir a misa o al culto sabiendo lo que hicieron?”, expresó con indignación.
Para García Padilla, no existe argumento jurídico válido que justifique el uso de la Ley 97 para fines migratorios, y denunció que esta acción convierte al gobierno en cómplice de la persecución de personas vulnerables.
