Participación Ciudadana alertó que el estado de excepción declarado para la adquisición de equipos y servicios destinados a enfrentar la crisis eléctrica podría convertirse en un espacio propicio para el despilfarro y la corrupción.
La organización apuntó que históricamente, en contextos similares, se han instalado mafias compuestas por funcionarios, familiares de políticos y empresas creadas con el propósito de sustraer fondos ilícitamente del sector energético.
El movimiento cívico subrayó que la crisis eléctrica persiste de manera cíclica debido a múltiples factores: fraudes en el consumo por parte de la población y de sectores con gran influencia, la incapacidad de las distribuidoras para facturar lo servido y deficiencias graves en los sistemas internos de control, gobernanza y transparencia de las empresas distribuidoras de electricidad (EDES).
Los efectos de estas irregularidades, precisó, se reflejan en las cifras oficiales. Entre enero y mayo de 2025, las EDES registraron pérdidas del 41.7% del suministro eléctrico, lo que representa un impacto severo en la sostenibilidad del sistema.
En ese sentido, Participación Ciudadana exhortó a que el Decreto 517-25, que declara en emergencia aspectos clave del sector eléctrico, se ejecute con estrictos controles institucionales y mecanismos de fiscalización efectiva.
La organización hizo énfasis en la necesidad de establecer auditorías independientes y transparentes que permitan supervisar el manejo de los recursos públicos invertidos en este proceso. De lo contrario, advirtió, se corre el riesgo de repetir errores del pasado.
