Participación Ciudadana denunció este miércoles un deterioro estructural persistente en el sector eléctrico nacional y demandó del Gobierno medidas eficaces y transparentes para enfrentar la crisis, la cual ha provocado apagones de más de 12 horas diarias desde agosto, afectando a familias y a la economía popular.
La organización sostuvo que, pese a inversiones superiores a RD$2,000 millones en subestaciones y a las promesas oficiales de resolver el problema antes de 2025, la realidad muestra un agravamiento del sistema.
Citó datos oficiales del Ministerio de Energía y Minas que revelan que entre enero y agosto de 2025 el Gobierno destinó más de RD$62,000 millones al subsidio eléctrico, equivalentes al 60% de los subsidios estatales en ese período, por encima de sectores como salud y programas sociales.
De acuerdo con Participación Ciudadana, las pérdidas de energía aumentaron de 36.9% en 2024 a 37.6% en 2025. Señaló además que, aunque las conexiones ilegales descendieron de 800,000 en septiembre de 2024 a 650,000 en agosto de 2025, la cifra sigue siendo alarmante y representa el 25% de los clientes formales del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI).
La entidad advirtió que la crisis no solo se explica por las pérdidas técnicas y fraudes de consumo, sino también por la instalación de “mafias de funcionarios, familiares de políticos y empresas creadas para sustraer miles de millones de pesos y dólares”, lo que ha provocado largos apagones y cuantiosas pérdidas económicas.
En ese sentido, recordó que entre enero y mayo de 2025 las Empresas Distribuidoras de Electricidad (EDES) reportaron pérdidas del 41.7% del suministro eléctrico. Agregó que la aplicación del Decreto 517-25, que declara en emergencia aspectos clave del sector, debe realizarse con controles estrictos para evitar que se convierta en un canal de privilegios indebidos y sobrevaluaciones.
Como parte de sus propuestas, Participación Ciudadana pidió al Gobierno: transparentar la gestión de las EDES mediante informes mensuales; despolitizar el sector eléctrico; realizar auditorías independientes; redefinir los subsidios priorizando esquemas focalizados como Bono Luz; establecer metas anuales de reducción de pérdidas con monitoreo multisectorial, y fortalecer la lucha contra el fraude con sanciones efectivas y procesos judiciales contra los responsables.
