Participación Ciudadana demanda una investigación completa, profunda y transparente sobre los hechos denunciados en el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).
La organización celebra el inicio de las pesquisas por parte del Ministerio Público, junto con los esfuerzos de la Unidad Antifraude de la Contraloría General y la Cámara de Cuentas.
La organización cívica
La organización cívica no partidista subraya que las denuncias publicadas por periodistas de investigación y miembros de la oposición, así como la resolución adoptada por la Dirección General de Contrataciones Públicas contra un proceso irregular de SeNaSa, evidencian la necesidad de cuidar los recursos de los contribuyentes, una tarea constante que trasciende administraciones.
Las irregularidades
Las irregularidades en SeNaSa reflejan serias deficiencias en la gestión y la falta de mecanismos de transparencia, así como prácticas corruptas y clientelistas. Estas han generado un déficit financiero de miles de millones y han provocado demoras en la entrega de medicamentos y en los pagos a los prestadores de servicios de salud, poniendo en riesgo la sostenibilidad del sistema y afectando su credibilidad.
La organización
La organización manifiesta su preocupación por contratos que sugieren una intención de privatizar servicios, comprometiendo la salud pública, especialmente en la red de atención primaria, que según datos estatales, está capacitada para atender a los ciudadanos.
- Estas contrataciones, muchas veces perjudiciales, no solo amenazan el interés general, sino que también debilitan la legitimidad de las instituciones. La privatización de servicios esenciales como la salud, en condiciones desfavorables, despierta serias inquietudes éticas, sociales y económicas.
Mas información
Participación Ciudadana apoya la decisión del Poder Ejecutivo de remitir sus hallazgos al Ministerio Público y confía en que este organismo investigue y sancione cualquier acto ilegal para evitar la impunidad en un sector tan vital para la ciudadanía.
La organización exige que se tomen medidas contra los responsables, sin importar sus cargos o afinidades políticas. Lo sucedido en SeNaSa representa una oportunidad invaluable para que el gobierno revise sus políticas de salud, colabore con distintas instituciones y gestione procesos bajo reglas claras y supervisión estricta.
- La Procuraduría General de la República y el Poder Judicial deben actuar con firmeza frente a la impunidad.
La corrupción en el sector salud no solo desvía recursos, sino que traiciona el deber de garantizar la vida y el bienestar de la población. Cada acto corrupto retrasa tratamientos, vulnera derechos y atenta contra la dignidad de quienes más necesitan atención.
Como Estado y sociedad, tenemos la responsabilidad de proteger lo público, fortalecer los sistemas de control y asegurar que la salud sea considerada un derecho inalienable, no un negocio. Solo así podremos avanzar hacia un sistema sanitario justo, transparente y humano.
