Distrito Nacional. – Durante su participación en la Primera Conferencia Internacional de Justicia Abierta, la directora ejecutiva de Participación Ciudadana, Leidy Blanco García, hizo un llamado al Estado dominicano para que la salud mental sea tratada con la seriedad y profundidad que demanda, mediante políticas públicas permanentes, inclusivas y bien estructuradas.
Blanco García advirtió que los problemas de salud mental están impactando directamente en diversas áreas de la sociedad, desde la violencia hasta la vida familiar. “La salud mental no solamente incide en los niveles de violencia, sino también en la vida general”, expresó.
Falta de atención estructurada
La representante del movimiento cívico señaló que, a pesar de los avances técnicos y profesionales en el área, el país aún carece de un enfoque sistemático y sostenido desde el Estado.
“Criticó que no se haya integrado como política de Estado la salud mental, pero lo importante es que se comience ahora, y que sea un esfuerzo de largo plazo que toque fibras importantes como la familia, los hogares y las escuelas”, sostuvo.
Presupuesto y planificación
La directora de Participación Ciudadana insistió en que cualquier plan debe estar acompañado de inversión y planificación para garantizar su éxito.
“Sin financiamiento no se puede hablar de prevención. El Estado tiene que invertir. Solo así podremos enfrentar de manera efectiva los desafíos que afectan a la sociedad”, enfatizó.
Asimismo, advirtió que el abordaje no debe limitarse a la relación entre salud mental y violencia, sino también considerar factores cotidianos como el tránsito, la presión laboral y los retos del entorno social.
Política integral y sostenible
En su ponencia, Blanco García exhortó a que se diseñe una política pública integral, inclusiva y sostenible, que contemple prevención, tratamiento y atención desde un enfoque humano y estructural.
“Que se construya una política capaz de prevenir y mitigar los efectos de la crisis de salud mental en la República Dominicana”, concluyó.
Su intervención ocurre en un contexto marcado por recientes hechos violentos protagonizados por personas con condiciones mentales no tratadas, lo que ha reavivado el debate sobre la necesidad de un plan nacional de atención en salud mental.
