Agencia EFE-Más de 200 periodistas de 23 países han firmado un comunicado conjunto alertando sobre los riesgos que representa para la libertad de expresión una nueva normativa en Perú. Titulado “Perú: el periodismo bajo censura”, el documento rechaza la Ley 32301, también conocida como “Ley anti ONG”, que fue promulgada el 14 de abril por la presidenta Dina Boluarte.
Según el texto, la legislación establece un control estatal sobre los recursos de cooperación internacional, lo que afecta directamente a los medios de comunicación independientes que operan como organizaciones sin fines de lucro o que financian sus actividades con fondos externos.
"El periodismo en el Perú enfrenta una de las mayores amenazas de las últimas décadas debido a la aprobación de una ley cuyos efectos implican el control previo de las actividades periodísticas por parte del Estado, la vulneración del derecho al secreto profesional y sanciones desproporcionadas para actividades descritas en la norma con términos imprecisos", afirma el comunicado.
Una de las críticas más contundentes es que la norma exige la inscripción obligatoria en la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), lo cual, según los firmantes, representa “un ataque directo a la libertad de prensa, de una manera que no solo contraviene la Constitución Política, sino también los estándares y la jurisprudencia internacionales”.
El pronunciamiento fue respaldado por profesionales de países como Estados Unidos, Reino Unido, España, Francia, Argentina, México, Colombia, Brasil, Ecuador, Venezuela y Nicaragua. Denuncian que, con esta ley, el Ejecutivo puede “autorizar o bloquear los proyectos que financian la labor periodística” e incluso impide que estos recursos se utilicen para acciones legales que busquen acceso a información pública.
"Bajo la amenaza de sanciones desproporcionadas, los periodistas necesitarán el permiso del Estado para ejercer sus actividades de investigación, publicación y difusión de información de interés público, incluyendo aquella relacionada con casos de corrupción, conflictos de interés o abusos de poder en la administración pública", continúa el documento.
La legislación se compara con iniciativas implementadas en países como Venezuela, Nicaragua y Paraguay, donde "normas similares han sido utilizadas para cerrar medios, hostigar a periodistas y eliminar organizaciones de la sociedad civil".
Los firmantes también recuerdan que la prensa independiente peruana ha desempeñado un papel esencial en la revelación de hechos de corrupción y abuso de poder durante la última década, gracias en parte al financiamiento externo. Entre las organizaciones que apoyan este pronunciamiento se encuentran el Pulitzer Center, CEJIL, WOLA, ICFJ y la Red Centroamericana de Periodistas.
