Santo Domingo, R.D. – El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) lanzó este lunes una severa advertencia al denunciar lo que califica como un “patrón creciente de violaciones a los derechos humanos” en el país, centrado en muertes a manos de agentes de la Policía Nacional que, según afirma, podrían constituir ejecuciones extrajudiciales.
En un comunicado público, el partido opositor expresó su “profunda preocupación” por la cantidad de fallecimientos reportados oficialmente como “intercambios de disparos” entre enero y julio de 2025. Según cifras citadas por el Diario Libre, al menos 82 personas murieron en estos incidentes en el primer semestre del año. De acuerdo con datos oficiales, las muertes por intervención policial aumentaron un 195% en los últimos cuatro años, alcanzando 227 casos solo en 2024.
Uno de los episodios más impactantes ocurrió el pasado 22 de julio en Baní, cuando cámaras de seguridad captaron a agentes del DICRIM disparando contra un hombre en la galería de una vivienda. Los familiares de la víctima lo han denunciado como una ejecución, sumándose a los reclamos de transparencia y justicia.
Seguridad vs. derechos humanos
El Gobierno ha defendido sus políticas destacando que la tasa de homicidios se mantiene en un dígito —7.9 en mayo y 8.22 en julio—. Sin embargo, el PLD advirtió que esas cifras “no pueden usarse como justificación para prácticas que vulneren el derecho a la vida ni el debido proceso”.
Reformas y exigencias
El PLD exigió investigaciones penales independientes por cada muerte en la que participen agentes policiales, aplicando el Protocolo de Minnesota, un estándar internacional para indagar muertes potencialmente ilícitas. También demandó la suspensión inmediata de los agentes involucrados, la preservación íntegra de las evidencias y la implementación obligatoria de cámaras corporales, con sanciones por manipulación o incumplimiento.
Asimismo, propuso la creación de un tablero mensual sobre uso de la fuerza, con datos desagregados por provincia, unidad actuante, heridos, fallecidos, denuncias y estado procesal de cada caso. También planteó una auditoría externa semestral sobre el uso de la fuerza, coordinada por el Defensor del Pueblo y con participación de universidades y organizaciones de la sociedad civil.
