El Poder Ejecutivo devolvió al Congreso Nacional la recién aprobada ley que crea el Ministerio de Justicia, al considerar necesario introducir ajustes puntuales en sus atribuciones y alcance institucional.
Aunque el Senado de la República convirtió en ley el proyecto el pasado 23 de julio, el Poder Ejecutivo remitió una correspondencia a la Cámara Alta para observar la normativa, elaborada por los senadores Cristóbal Castillo (PRM) y Félix Bautista (FP).
La carta, firmada por el presidente Luis Abiander, propone modificar tres artículos clave: el 6, el 9 y el 22, junto a sus numerales y párrafos.
Entre los cambios más significativos, según ha trascendido, Abinader planteó reformular el artículo 6 para dejar claro que el diseño de la política criminal del Estado es una facultad exclusiva del Poder Ejecutivo, conforme al artículo 169 de la Constitución. No obstante, precisó que su ejecución debe ser coordinada con distintas dependencias estatales.
Asimismo, sugirió redefinir las funciones del nuevo Ministerio en el artículo 9, precisando que este se encargaría de coordinar la representación judicial y extrajudicial del Estado, el Sistema Nacional de Derechos Humanos, el Sistema Penitenciario y Correccional y los asuntos registrales bajo su competencia, así como participar —bajo instrucciones presidenciales— en la formulación de la política criminal.
El artículo 22 también fue objeto de revisión, con la inclusión de un nuevo texto que detalla el rol del Viceministerio de Políticas Públicas contra la Criminalidad. Según lo observado por el mandatario, este Viceministerio deberá asistir al ministro en la planificación de políticas según las directrices del presidente, sin interferir en las competencias de otras dependencias internas.
