Héctor Guzmán declaró en El Sol de la Tarde que el PRD se opone a la modificación de la Ley 225-20 de Residuos Sólidos si no aclaran los RD$7,383 millones recibidos por esa norma hasta 2024, de los cuales RD$3,095 millones fueron manejados por cinco empresas, por lo que demandaron una investigación.
El vicepresidente del Partido de Jacho Prendío expresó que con una comisión de la Secretaría de Asuntos Municipales y abogados sometieron una denuncia ante la Procuraduría General de la República, la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) y la Comisión de Ética y Transparencia Gubernamental.
Indicó que restan por utilizar RD$4,000 millones, por lo que no hay que aumentar las aportaciones a las empresas. La reforma de la legislación no se trata del plástico, cartón ni de basura, sino de dinero.
Precisó que el que tiene una oficina por el tema de la basura le aumentarán de 500 a 3,000 pesos y lo grave es que los gestores y los que manejan los vertederos, que cobran 300 por tonelada en una transferencia, se aumentan a 750 pesos.
Héctor Guzmán señaló con documentos que las empresas Cilpen Global Business SRL, Relleno Sanitario Vermont, Corporación Parque Industrial de Desechos Gautier y Moviel Soluciones Ambientales SRL fueron las que manejaron los RD$3,009 millones, dos el 60%.
Expresó que técnicos del PRD encontraron que de acuerdo al pago de los montos sobre pasan la capacidad de los vertederos por los cuales se reciben esos fondo, agregando que si hay empresas que si capacidad de 300 tonedas, aparecen con diez veces más.
"La posición clara del PRD es que aquí no se puede hablar de una nueva modificación de la Ley de Residuos Sólidos para aumentar las contribuciones si eso no se pone claro. Hemos pedido que investiguen, que haya transparencia, se aclare, y cómo están los contratos", expuso.
El exregidor y exdiputado dijo que consiguió los documentos a través de la Ley 200-04 de Libre Acceso a la Información Pública y que no querían dárselos, por lo que acudió al Tribunal Superior Administrativo.
El presidente Luis Abinader objetó la promulgación de la modificación de la Ley 225-20.
