El Presidente Luis Abinader ha dado un paso importante en su plan de modernización de la administración pública mediante la emisión de los decretos 636-24, 637-24 y 640-24, con los que elimina tres instituciones estatales que, según el gobierno, duplicaban funciones y representaban una carga innecesaria para los recursos públicos.
Decreto 636-24: Supresión de la Comisión Internacional Asesora de Ciencia y Tecnología
El primer decreto, 636-24, suprime la Comisión Internacional Asesora de Ciencia y Tecnología, creada en 2004 para asesorar sobre políticas científicas y tecnológicas. A partir de ahora, el Ministerio de Educación asumirá la responsabilidad de concluir los programas en curso, además de gestionar los compromisos contractuales y jurídicos pendientes.
Los activos de la comisión serán transferidos a la Dirección General de Bienes Nacionales, y estos, cuando sean necesarios, serán entregados al Ministerio de Educación para dar continuidad a los proyectos. De igual manera, se gestionarán las partidas presupuestarias no ejecutadas y se procederá con la reubicación y compensación del personal afectado.
Decreto 637-24: Supresión de la Comisión Presidencial para la Modernización y Seguridad Portuaria
El segundo decreto, 637-24, elimina la Comisión Presidencial para la Modernización y Seguridad Portuaria. Las funciones de esta comisión serán asumidas por la Autoridad Portuaria Dominicana, quien también se encargará de los compromisos legales y contractuales que estaban pendientes.
La Dirección General de Bienes Nacionales se encargará de administrar los bienes de la comisión y traspasar los necesarios a la Autoridad Portuaria para continuar con las actividades en el sector portuario. En cuanto a los fondos no ejecutados, estos serán gestionados por la Dirección General de Presupuesto, y el Ministerio de Administración Pública se hará cargo de la reubicación del personal afectado.
Decreto 640-24: Supresión del Consejo Nacional de Población y Familia (CONAPOFA)
El tercer y último decreto, 640-24, pone fin al Consejo Nacional de Población y Familia (CONAPOFA). Sus responsabilidades serán asumidas por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, que también se encargará de la gestión de los compromisos legales y contractuales pendientes.
Al igual que en los casos anteriores, la Dirección General de Bienes Nacionales se encargará de los activos de CONAPOFA y los transferirá al Ministerio de Salud para asegurar la continuidad de las funciones. El Ministerio de Administración Pública será responsable de la reubicación, cesación e indemnización del personal afectado.
Reformas para un Estado más eficiente
Estos decretos reflejan la voluntad del gobierno de Abinader de racionalizar y modernizar la administración pública, eliminando redundancias y buscando un uso más eficiente de los recursos.
La administración de estas funciones, ahora concentradas en las entidades correspondientes, tiene como objetivo no solo reducir gastos, sino también optimizar la entrega de servicios al público y mejorar la estructura de la administración pública en general.
