El presidente Luis Abinader, promulgó la Ley 37-25 que modifica el artículo 4 de la Ley 4532, mediante la cual se actualiza el marco legal de la explotación y los beneficios a particulares obtenidos a través de la utilización de este compuesto orgánico y otros hidrocarburos.
La nueva legislación establece un régimen más actualizado y competitivo para atraer inversión nacional e internacional en la búsqueda y aprovechamiento de los yacimientos de petróleo, gas natural y otros combustibles similares en el territorio y espacios marítimos bajo jurisdicción dominicana.
Con la promulgación de esta pieza legal, se otorga igualdad de condiciones a personas jurídicas nacionales y extranjeras, de naturaleza pública, privada o mixta, para participar en las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos, siempre bajo el marco regulatorio dominicano. La ley también establece que las empresas extranjeras deberán contar con un mínimo de 15 % de participación accionaria dominicana.
El ministro de Energía y Minas, Joel Santos, resaltó que la promulgación de la Ley 37-25 constituye un paso fundamental para posicionar a República Dominicana en el mapa de la inversión en hidrocarburos en América Latina y el Caribe.
“Esta legislación es un hito que nos permite abrir las puertas al desarrollo de un sector con gran potencial para contribuir a la seguridad energética, atracción de capital extranjero y generación de empleos de calidad. Es también un respaldo jurídico que genera confianza para los inversionistas”, sostuvo el ministro.
Santos indicó que, con esa normativa, el Estado dominicano refuerza su compromiso con un desarrollo energético sostenible, bajo los principios de transparencia, competitividad y respeto al medio ambiente.
Ronda petrolera en 2026
El titular del Ministerio de Energía y Minas también anunció que la nueva legislación sienta las bases para la celebración de una ronda petrolera en 2026, mediante la cual se licitarán bloques de exploración en distintas zonas del país que ya han sido objeto de estudios geológicos preliminares.
“Ya iniciamos los trabajos técnicos y normativos para organizar una ronda que permita identificar actores interesados y comprometidos con el desarrollo responsable de nuestros recursos hidrocarburíferos. La Ley 37-25 nos ofrece el marco legal para atraer esa inversión y asegurar que los beneficios lleguen al pueblo dominicano”, precisó Santos.