La jueza Fátima Cruz Estrella, del Distrito Judicial de Barahona, condenó a cuatro integrantes de una red criminal dedicada a la falsificación de documentos públicos y privados, entre ellos cédulas, pasaportes y carnets de instituciones de seguridad, por los que cobraban entre RD$70,000 y RD$100,000 a ciudadanos dominicanos y extranjeros.
La red operaba principalmente en Barahona, Santo Domingo y el Distrito Nacional, y contaba con la participación de Andys Hernández Rivera, empleado de la Junta Central Electoral (JCE), quien utilizaba su posición para facilitar el acceso a registros y validar documentos alterados.
Las investigaciones fueron realizadas por el Ministerio Público en conjunto con la Dirección Nacional de Seguridad Civil, la Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim) y la Dirección de Seguridad de la JCE. Las autoridades descubrieron que el grupo falsificaba una variedad de documentos, incluyendo:
Cédulas de identidad y actas de nacimiento. Pasaportes y licencias de conducir. Licencias de porte y tenencia de armas de fuego. Carnets falsos de instituciones como la DNCD, DNI y el Ejército. Títulos académicos de la Universidad del Caribe (Unicaribe). Visas de países extranjeros, utilizadas para facilitar salidas ilegales o crear identidades falsas
La operación delictiva comenzó a ser desmantelada a principios de 2024, tras la detención de varios extranjeros en Barahona portando documentos falsos. Las pesquisas llevaron al hallazgo de laboratorios clandestinos utilizados por los acusados para producir los documentos fraudulentos.
La magistrada dictó las siguientes condenas bajo el procedimiento penal abreviado:
Divisay Altagracia Amparo Peña y José Alfredo de los Santos Gómez: 6 años de prisión, con 5 años suspendidos.
Yonel Raphael: 3 años de prisión, con 2 años suspendidos.
Andys Hernández Rivera, empleado de la JCE: 3 años de prisión, con 2 años y 2 meses suspendidos, y una multa equivalente a 20 salarios mínimos.
Todos los condenados deberán cumplir condiciones durante su libertad condicional, como residir en un domicilio fijo, abstenerse del consumo excesivo de alcohol, no portar armas, mantener una conducta ejemplar y estar bajo vigilancia judicial.
Además, se ordenó el decomiso de los equipos electrónicos usados para falsificar los documentos, que pasarán a favor del Estado dominicano.
El presunto cabecilla de la red, Pablo Selmo De La Cruz, guarda prisión preventiva y espera ser juzgado. También fueron señalados como parte de la estructura Modesto Alcántara, testigo del proceso, y los ya condenados José Alfredo de los Santos, Divisay Amparo y Yonel Raphael.
Las acciones del grupo violan múltiples disposiciones del Código Penal, así como la Ley 172-13 sobre Protección de Datos, la Ley 53-07 sobre Delitos de Alta Tecnología y la Ley 4-23 sobre Actos del Estado Civil.
