El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) ha manifestado su postura con respecto a la propuesta de reforma a la Ley No. 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, destacando que el interés general y la protección del medio ambiente deben prevalecer sobre criterios meramente económicos o de libre competencia.
El presidente del CARD, Trajano Potentini, enfatizó que si bien la competencia es un factor importante, no puede anteponerse al derecho a un medio ambiente sano ni a la eficacia del sistema de gestión de residuos. “La gestión de residuos es un servicio esencial que impacta directamente en la salud y calidad de vida de la ciudadanía”, afirmó Potentini.
En este sentido, el gremio respaldó la idea de que un solo operador por región pueda gestionar los rellenos sanitarios, siempre que se garantice transparencia, control técnico y eficiencia operativa. Potentini aseguró que esto no fomenta monopolios, sino que facilita inversiones a largo plazo y mejora la infraestructura del sector.
Asimismo, el CARD abogó por la integración de plantas de valorización junto a los rellenos sanitarios como una solución moderna para el tratamiento de desechos. En cuanto a los plazos de los contratos actuales, propuso extenderlos de 3 a 5 años, argumentando que los períodos actuales resultan insuficientes para la recuperación de la inversión privada en un sector de alta complejidad y riesgo.
Respecto a las preocupaciones de Pro-Competencia sobre una posible exclusión de recicladoras de plástico, Potentini aclaró que la ley busca integrar a todos los actores de la cadena de residuos sin discriminación, pero tomando en cuenta el nivel de inversión y los riesgos asumidos.
En cuanto al artículo 36 sobre contribuciones, el CARD expresó su apoyo a las modificaciones propuestas, indicando que responden a criterios de equidad tributaria y a la experiencia acumulada en la aplicación de la normativa.
Finalmente, el presidente del CARD instó a los legisladores a no desnaturalizar la ley, cuyo propósito es transformar el sistema de disposición de residuos y eliminar los vertederos improvisados en favor de un modelo más moderno, sostenible y equitativo.
“El Estado debe regular con visión técnica y priorizar el interés colectivo. La competencia es valiosa, pero no es aplicable como dogma en todos los sectores”, concluyó Potentini.
