El asiento del regidor Edickson Herrera estuvo desocupado y sin identificación durante la sesión extraordinaria que llevó a cabo este martes, el Consejo de Regidores del Distrito Nacional, tras conocerse una acusación en su contra por narcotráfico en una corte federal del sur de Florida.
El consejal presentó una excusa ante este Consejo Municipal, único órgano con la facultad de suspenderlo temporalmente.
La Ley del Distrito Nacional y los Municipios (176-07) establece que esta suspensión puede ocurrir cuando un miembro debe cumplir con medidas de coerción que impliquen arresto o cuando se inicie un juicio de fondo por la imputación de un delito que conlleve privación de libertad.
La destitución definitiva está permitida "por decisión judicial con autoridad de cosa irrevocablemente juzgada", por renuncia o incapacidad.
En su declaración oficial, el Partido Revolucionario Moderno (PRM), por el cual fue electo Herrera, ordenó una investigación y condenó cualquier conducta criminal o antijurídica de sus integrantes. Sin embargo, sus colegas de partido evitaron pronunciarse sobre el caso.
Algunos, como el actual diputado Vicente Sánchez, recibieron apoyo público de este funcionario municipal en marzo de 2024.
El regidor, al que se le atribuye el tráfico de al menos 5 kilogramos de cocaína, declaró ante la Cámara de Cuentas un patrimonio de 4.3 millones de pesos en 2024. En 2020 había reportado dos millones, lo que representa un incremento de 2.3 millones de pesos, especialmente por la aparición de una cuenta con más de 27,967.94 dólares.
Entre sus bienes más destacados se encontraban otra cuenta con 431 mil pesos, un apartamento valorado en 1.2 millones y un pequeño automóvil de la marca Daihatsu, modelo Mira, estimado en 500 mil.
También declaró una pistola automática de 220 mil pesos y electrodomésticos valorados en 350 mil.
El general
Herrera fue acusado en Estados Unidos junto al ciudadano José Eduviges Aponte y el general retirado de la Policía Nacional, William Durán Jerez.
Durán Jerez fue pensionado por antigüedad en el servicio el 27 de febrero de 2009 por el presidente Leonel Fernández, mediante el Decreto 164-09, y también había sido ascendido a general de brigada en agosto de 1999.
Durante su carrera en la policía, ocupó cargos como Director Nacional de Seguridad Preventiva, Supervisor General de la Junta Central Electoral, Inspector General de la Policía y Director Regional Central.
