Residentes de la comunidad de Mata Mosquito, en Bávaro, denunciaron este miércoles que están siendo desalojados de forma arbitraria, a pesar de poseer títulos legales de propiedad sobre sus terrenos. Según testigos y afectados, las autoridades iniciaron los desalojos en la madrugada, alrededor de las 2:30 a.m., sin previo aviso y sin verificar la documentación de los propietarios.
La periodista Daniela Navarro, una de las voces que ha alzado la denuncia pública, declaró que su madre es una de las afectadas. "Mi madre tiene los papeles de su terreno, y aún así van a derribar su casa de dos niveles. Todo esto lo han hecho sin previo aviso", afirmó. También explicó que en la comunidad hay edificaciones formales, incluyendo una escuela donde estudian niños dominicanos, la cual ahora también está en riesgo de ser demolida.
“Esta comunidad tiene más de 20 años de formada. Aquí hay dominicanos con sus documentos legales, inversiones millonarias en apartamentos, colmados y comercios. No estamos defendiendo a quienes ocuparon terrenos ilegalmente, pero están arrasando sin distinguir quién tiene derecho y quién no”, enfatizó Navarro.
Los residentes aseguran que el operativo de desalojo inició a las 7:00 a.m., cuando comenzaron a destruir viviendas sin ningún tipo de revisión documental. Denuncian que incluso se ha prohibido la entrada a periodistas y no se permite grabar lo que sucede en la zona.
Uno de los puntos más delicados es el destino de la escuela local, construida por la Fundación Grupo Punta Cana, y que recibe suministro eléctrico gracias al Consorcio Energético Punta Cana Macao (CEPM). “Los profesores se reunieron con el supuesto dueño del terreno y su respuesta fue: ‘Ese mandato viene de arriba’”, relató un residente. Ahora, los educadores no pueden acceder al recinto ni grabar lo que ocurre en su interior.
Según los afectados, al principio se había prometido que quienes contaban con documentos legales podrían permanecer en el lugar. Sin embargo, hoy se les dio plazo hasta el mediodía para recoger sus pertenencias, sin ofrecer ningún canal oficial para presentar reclamos o defender sus derechos.
La comunidad exige respuestas claras de las autoridades competentes y denuncia que, bajo el pretexto de desalojar a ciudadanos haitianos en situación irregular, se están vulnerando los derechos de ciudadanos dominicanos con propiedades debidamente registradas.
“La gran pregunta es: ¿Quién responde por estas familias, por estas inversiones, por el futuro de los niños que se quedan sin escuela? ¿Dónde está el respeto a la legalidad?”, concluyó Daniela Navarro.
