Santo Domingo.- La revocación de visas a dos coroneles dominicanos por presuntos vínculos con el narcotráfico ha sacudido las instituciones militares y de seguridad del país, evidenciando tensiones internas y desafíos en la lucha contra el crimen organizado.
El Departamento de Estado de Estados Unidos canceló los visados de los coroneles Rafael Morales Herrero de la Fuerza Aérea y Eudis Ramírez Bautista del Ejército, ante sospechas de su relación con redes dedicadas al tráfico de estupefacientes.
Ambos oficiales ocupaban posiciones estratégicas dentro de las Fuerzas Armadas: Morales Herrero como director de asuntos internos del Ministerio de Defensa y Ramírez Bautista como director de Asuntos Internos del Ejército. Estos cargos les proporcionaban acceso a información sensible y un alto nivel de influencia en la estructura militar.
El coronel Morales Herrero fue informado de la revocación de su visa y la de su familia mientras intentaba salir del país por el Aeropuerto Internacional Las Américas (AILA). La situación desencadenó una reacción impulsiva, que lo llevó a presentar una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) contra los directores de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y del Departamento Nacional de Investigaciones (DNI), junto a otros oficiales. En su denuncia, acusó a estos funcionarios de enriquecimiento ilícito vinculado al narcotráfico.
La denuncia y la filtración de información confidencial relacionada con la seguridad nacional provocaron la suspensión inmediata de los oficiales señalados en el Ministerio de Defensa y el Ejército. Actualmente, estos están siendo sometidos a un consejo de guerra por las acusaciones falsas y la divulgación de datos sensibles, según fuentes oficiales.
Este caso refleja la complejidad y las tensiones internas en las fuerzas militares y de seguridad dominicanas, especialmente en un momento cercano al 16 de agosto, fecha tradicional para ascensos y cambios en la institución. Además, pone de manifiesto los retos continuos en la lucha contra el narcotráfico, un desafío prioritario para las autoridades nacionales e internacionales.
La decisión de Estados Unidos de revocar las visas resalta la gravedad de las sospechas y la vigilancia estricta que mantienen sobre funcionarios con posibles vínculos en actividades ilícitas, subrayando la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y transparencia dentro de las instituciones de seguridad.