El presidente de la República, Luis Abinader, introdujo en el Congreso Nacional, vía el Senado de la República, dos iniciativas legales encaminadas a fortalecer el marco jurídico penal de la República Dominicana.
Se trata del Proyecto de Ley sobre Persecución y Judicialización de las Organizaciones Criminales, y el Proyecto de Ley de Atención, Representación Legal y Protección a Víctimas, Testigos y Sujetos en Riesgo.
La primera iniciativa responde a uno de los principales desafíos de la región y de nuestro país, esto es, el combate al crimen organizado en sus distintas manifestaciones, con el propósito de garantizar la integridad del Estado social y democrático de derecho.
En consecuencia, la ley propuesta tiene por objeto establecer reglas efectivas para la detección, persecución, judicialización y sanción de los hechos de criminalidad organizada tipificados en la misma, de conformidad con los estándares internacionales.
La pieza es categórica al tipificar la organización criminal como dos o más personas que integran, constituyen o promueven una organización con reparto de tareas o funciones, con miras a obtener directa o indirectamente un beneficio económico o de cualquier índole para sí o para terceros, a través de la comisión de una serie de delitos, tales como lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva; terrorismo; tráfico ilícito de migrantes y trata de personas; tráfico de drogas y sustancias controladas; tráfico ilícito de armas, municiones y materiales relacionados; comercio ilícito y contrabando; secuestro; tráfico y comercialización de órganos humanos; soborno transnacional; tráfico y explotación de niños, niñas y adolescentes; delitos financieros; delitos medioambientales; sicariato; delitos de alta tecnología.
También se tipifican delitos relativos a grupos estructurados de poder, conspiración, tráfico de influencia, compras y contrataciones fraudulentas, estafa masiva, sicariato y obstrucción de la justicia.
Por su lado, la segunda iniciativa responde a la realidad social de exclusión y desprotección sufrida por las víctimas, los testigos y los sujetos en riesgo ante la comisión de un hecho delictivo, debido a cuestiones socioeconómicas que obstaculizan su acceso a la justicia, así como a la falta de un marco jurídico que regule integralmente la atención, representación legal y protección de estas personas.
En consecuencia, la ley propuesta tiene por objeto reconocer y garantizar los derechos de las víctimas, los testigos y los sujetos en riesgo, así como regular el otorgamiento de las medidas de protección y atención en provecho de estos.
