La Presidencia de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional impuso multas a tres abogados por actuar de manera “temeraria y de mala fe” durante un proceso judicial, una decisión poco común que posteriormente fue ratificada en apelación.
Los abogados sancionados son Lilia Fernández Lora, Mariel León Lebrón y Joel del Rosario Alburquerque, junto con su representada María Hazoury Delgado, por incurrir en "diligencias improcedentes" y en una conducta procesal censurable, de acuerdo con la ordenanza firmada por el juez Miguel Ángel Díaz Villalona.
La sentencia establece que los involucrados deberán pagar una multa de RD$1,000 cada uno, tras ser declarados litigantes temerarios. El juez definió al litigante temerario como "aquella parte que actúa de manera imprudente o maliciosa durante el proceso judicial, con pretensiones o defensas cuya falta de fundamento no puede ignorar, utilizando con malicia y arbitrariedad los actos procesales".
El caso se originó a partir de una demanda en referimiento interpuesta por la sociedad Inmobiliaria Don Juan S.R.L. contra María Amelia Hazoury Delgado, quien se encontraba en proceso de divorcio de Juan Rafael Llaneza Gil, vinculado a la entidad demandante. La demanda de referimiento resultó favorable.
La Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional confirmó el fallo el pasado 16 de mayo, rechazando el recurso interpuesto por Hazoury Delgado y sus representantes legales.
Entre los abogados sancionados se encuentra Lilia Fernández Lora, quien anteriormente formó parte de la defensa de la empresaria Alexandra Consuelo Mejía Arcalá en un caso de violencia de género contra Raúl Antonio Rizik Yeb, en el cual el tribunal emitió un "no ha lugar" a favor del acusado.
Precedente de sanciones a abogados
En 2019, el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Noreste emitió la sentencia 20190062, condenando a los abogados Felipe García Hernández y Gregorio Hernández al pago solidario de US$500,000 junto con varios herederos por una disputa de tierras en Samaná. Este fallo fue posteriormente casado en cuanto al monto de la condena por la Suprema Corte de Justicia en 2023.
La SCJ recordó que, de acuerdo con el artículo 31 de la Ley 108-05, si durante un proceso se demuestra que una demanda fue presentada con ligereza censurable o con la intención de causar daño, el juez puede ordenar la reparación moral y la indemnización por los daños y perjuicios correspondientes.
