Por: Julio Vargas
La medida de repatriar a inmigrantes indocumentados es una prerrogativa que le asiste a cualquier nación, y no debe verse como un tema personalizado o persecución contra un grupo poblacional específico. Este es un ejercicio que realiza cualquier Estado con el fin de poder garantizar los derechos de sus ciudadanos. No es que la inmigración ilegal represente por sí sola una amenaza a la seguridad -en determinadas circunstancias y contextos lo es- pero sí debe verse como un asunto de seguridad nacional cuando se prevé que esta sobrepase la capacidad de manejo de las autoridades de ese país.
No obstante, la migración como tal no es condenable –personalmente, no la rechazo, porque creo sería una hipocresía de mi parte, ya que conozco al menos una persona que emigró de manera ilegal de la República Dominicana hacia otro país- (me atrevo a sugerir que quien lee estas líneas también).
Pero, la inmigración ilegal (sin importar la procedencia de los inmigrantes) tiene efectos en las sociedades destino que deben ser previstos y atendidos con mucho cuidado por el Estado ya que pueden desequilibrarlas.
Sin embargo, -situándonos en el contexto actual- la República Dominicana ha sido criticada por la decisión anunciada por sus autoridades de repatriar al menos a 10 mil inmigrantes ilegales por semana (ciudadanos haitianos), y a pesar de que, personalmente me parezca posible o no, entiendo que es una medida dentro del marco de la autoridad y el derecho que le asiste al Estado, siempre y cuando estas repatriaciones se hagan cumpliendo las normas que establecen las disposiciones nacionales e internacionales con las que se comprometió el país.
Pero, ¿es la República Dominicana la única nación en hacer esto? ¡Claro que no! Solo por poner un ejemplo, en 2023 los Estados Unidos (principal destino de migración ilegal de los dominicanos) repatrió al menos a 380 mil personas (cifra que quintuplicó la cantidad del 2022), esto significa que en 2023, por semana, Estados Unidos repatrió a alrededor de 7,300 personas, una cifra muy parecida a la que proyectan nuestras autoridades, que si cumplen su propósito, en lo que queda de año, siendo esta la semana número 40 del 2024 (a la fecha de redacción de este artículo) repatriarán un total de 120 mil inmigrantes ilegales.
Entiendo que el contexto político-social y económico de Haití mueve a sus ciudadanos a buscar nuevas oportunidades de mejoría en su vida fuera de su país, y que por razones lógicas el destino idóneo sea la República Dominicana, pero es que tampoco este contexto debe usarse como razón para los ataques contra RD, ya que países como los de la Unión Europea, solo en 2022, emitieron más de 420 mil decisiones de retorno a ciudadanos argelinos, marroquíes y paquistaníes, que, sin entrar en detalles, intentaron ingresar a esos territorios por razones iguales o peores de las que tienen nuestros vecinos.
En conclusión, no se trata de abordar el tema desde el sensacionalismo, el populismo, ni siquiera, desde la perspectiva nacionalista, se trata de ver los números y el impacto de la migración ilegal sobre cualquier nación. Efectos como la sobrepoblación, la sobreexplotación de recursos, el aumento de la pobreza, la disminución de empleos, la sobrecarga de servicios sociales, etc.
Abogo por una migración realmente controlada, una que permita saber al Estado quién está en su territorio, haciendo qué, cuánto tiempo se quedará y cómo está aportando a la sociedad, y para eso es necesario poner orden. Hay una máxima legal que debemos tener en cuenta “La Ley es dura, pero es la Ley” y todos debemos circunscribirnos a ella.
