Santo Domingo. – El Senado de la República aprobó este martes en única lectura las observaciones introducidas por el Poder Ejecutivo al Proyecto de Ley Orgánica del Tribunal Superior Electoral (TSE), una iniciativa presentada por los senadores Félix Bautista y Pedro Catrain.
La normativa tiene como objetivo regular el funcionamiento del TSE, establecer su categoría institucional y garantizar su independencia y autonomía. Además, fija los requisitos para ser miembro del Tribunal, su régimen de incompatibilidades, y define las normas del procedimiento contencioso electoral, así como las decisiones que deberá adoptar el órgano jurisdiccional.
El proyecto había sido previamente aprobado por el Congreso, pero fue observado y devuelto por el Poder Ejecutivo para su revisión, incluyendo sugerencias puntuales a los artículos 3 numeral 6; 7 párrafos I y III; 9; 12 numerales 2 y 12 y su párrafo VIII; 16 párrafo II; 20 numeral 4, y 32. También se recomendó incorporar nuevos textos que adapten el principio de gratuidad a la naturaleza de la jurisdicción electoral, sustituyendo la expresión “justicia constitucional” por “justicia electoral”.
Entre los elementos señalados por el Poder Ejecutivo también se encuentran aspectos relacionados con la competencia del TSE para conocer conflictos internos de organizaciones cívicas con candidaturas independientes, impugnaciones a elecciones de colegios gremiales profesionales, y los plazos para interponer recursos ante el Tribunal una vez agotadas las instancias partidarias internas.
La Constitución dominicana, en su artículo 214, establece que el Tribunal Superior Electoral es el órgano competente para juzgar y decidir con carácter definitivo sobre los asuntos contenciosos electorales y sobre los diferendos internos en los partidos, agrupaciones y movimientos políticos. Asimismo, faculta al TSE a reglamentar los procedimientos bajo su jurisdicción y todo lo relativo a su organización y funcionamiento administrativo y financiero.
Con esta aprobación, el Senado da un paso decisivo hacia la consolidación de un marco legal más robusto para el fortalecimiento institucional del sistema electoral dominicano.
