Santo Domingo.- El Senado de la República Dominicana designó este martes la comisión especial que tendrá a su cargo el estudio del proyecto de ley orgánica sobre libertad de expresión y medios audiovisuales, remitido la semana pasada por el presidente Luis Abinader.
La comisión estará presidida por la senadora Aracelis Villanueva y conformada por los senadores Franklin Romero, Omar Fernández, Milciades Ortiz Sajiun, Moisés Ayala, Andrés Guillermo Lama, Rafael Barón Duluc, Ramón Rogelio Genao y Félix Bautista.
Durante el anuncio, el senador De los Santos subrayó que el proyecto será sometido a un análisis profundo, garantizando espacios de participación para todos los sectores, incluidos los usuarios de redes sociales. “Esta iniciativa, que ha generado opiniones divididas, se le dará todo el tiempo necesario para ser estudiada… pero que el resultado sea basado en el consenso”, expresó.
Un marco legal moderno y democrático
El proyecto de ley ha sido trabajado en conjunto con representantes de la sociedad civil, medios de comunicación y juristas especializados, con el objetivo de establecer un marco legal actualizado y democrático sobre el derecho a la libertad de expresión.
En su carta de remisión al Congreso Nacional, el presidente Abinader explicó que la propuesta legislativa busca regular la libertad de expresión en todas sus formas: prensa escrita, radio, televisión, espectáculos públicos y redes sociales. Asimismo, procura garantizar el derecho a la comunicación social, el ejercicio del periodismo y el acceso a la información pública.
Uno de los elementos clave del proyecto es la creación del Instituto Nacional de Comunicación (INACOM), entidad que fungirá como órgano regulador en la materia.
“El proyecto que ahora sometemos toma en consideración el desarrollo jurisprudencial y doctrinal que tan importante tema ha tenido en las últimas décadas, y procura adecuar nuestro ordenamiento a las prácticas más garantistas y democráticas”, sostuvo el mandatario en su misiva.
El debate en el Senado marcará el inicio de un proceso que, según se ha prometido, incluirá una amplia consulta nacional antes de su aprobación definitiva.
