Santo Domingo. – Los representantes sindicales expresaron un firme rechazo a las intenciones del sector empleador de modificar el régimen de cesantía, iniciativa que contempla imponer un límite y permitir que el pago se realice en cuotas al momento de despedir a un trabajador.
Rafael (Pepe) Abreu, presidente del Consejo Nacional de Unidad Sindical (CNUS), advirtió que esta propuesta representa un retroceso en materia de derechos laborales.
“Nosotros rechazamos cualquier fraccionamiento del pago de la cesantía laboral porque eso era lo que se aplicaba en el Código Trujillo de Trabajo del año 1951”, señaló.
El dirigente explicó que, de aprobarse, los empleadores podrían extender los plazos de pago, aprovechando la urgencia económica de los trabajadores para forzarlos a aceptar acuerdos desventajosos.
Recordó que un empleado despedido enfrenta compromisos inmediatos de alimentación, salud, transporte, vestimenta y educación, que no se detienen con la pérdida del empleo.
“El que no pueda cancelar, que no liquide y listo, eso es lo que tiene que hacer”, subrayó.
Abreu también criticó la propuesta de extender de tres a seis meses el período de prueba en los nuevos contratos laborales, asegurando que esta medida favorecería únicamente a las empresas interesadas en reducir responsabilidades sociales.
Según dijo, los jóvenes serían los más afectados, al quedar expuestos a una mayor rotación de personal que les impediría acceder a prestaciones, seguridad social y pensiones.
Trabajo doméstico: avances y limitaciones
En cuanto a las trabajadoras del hogar, Abreu recordó que se estableció un salario mínimo de 13 mil pesos mensuales y un aviso de cinco días en caso de despido.
“Eso es que el contratante le avise a la mujer que tiene en su casa porque la mayoría son mujeres, que en cinco días dejará de prestar servicio y que pueda prepararse”, explicó.
Aclaró, sin embargo, que las empleadas domésticas no tendrán derecho a cesantía, ya que los hogares no pueden considerarse como empresas. No obstante, sí estarán incluidas en el sistema de seguridad social, a la espera de que se defina un reglamento que determine el financiamiento de esos aportes.
