En República Dominicana, la cobertura mediática del suicidio se ha convertido en un tema alarmante que pone en evidencia tanto la falta de sensibilidad en los medios como la inacción del gobierno frente a una crisis de salud mental creciente. Entre 2019 y 2023, el país registró 2,483 suicidios, alcanzando su punto más crítico en 2023 con 669 casos. Este incremento no solo es un reflejo de una crisis personal para miles de familias, sino también un indicador de fallas estructurales que exigen atención inmediata.
Medios de comunicación: ¿Sensacionalismo sobre sensibilidad!?
Cada vez que se reporta un suicidio en los medios, se expone el dolor de las familias de manera pública y muchas veces insensible. En lugar de actuar como un vehículo de información responsable, numerosos medios optan por la sobreexposición sensacionalista, alimentando el morbo y, peor aún, aumentando el riesgo del llamado efecto Werther o contagio de suicidios. Estudios internacionales han demostrado que la manera en que se informa sobre estos casos puede influir directamente en las decisiones de personas vulnerables. Sin embargo, parece que esta realidad es ignorada en favor de clics y audiencias.
Las cifras de suicidios en República Dominicana son un grito de auxilio que no ha sido atendido. Según datos oficiales, el país carece de una infraestructura adecuada en salud mental. Por cada 100,000 habitantes, hay menos de 0.6 psiquiatras y 0.2 psicólogos clínicos, una proporción dramáticamente inferior a las recomendaciones de la OMS. Los servicios públicos de salud mental están subfinanciados, con apenas un 2% del presupuesto de salud destinado a esta área, mientras que las necesidades aumentan exponencialmente.
A pesar de la gravedad del problema, las políticas públicas han sido insuficientes y reactivar, más enfocadas en manejar las consecuencias que en prevenirlas. No existen programas masivos de prevención ni campañas educativas sostenidas que aborden el suicidio como una problemática de salud pública.
El suicidio no discrimina. Los datos muestran que afecta por igual a jóvenes, adultos y ancianos, ya que la Oficina Nacional de Estadística (ONE) señala que el análisis de los suicidios entre 2019 y 2023 destacan un incremento en los suicidios entre jóvenes adultos de 20 a 34 años, promediando 173 casos anuales y una persistente alta incidencia en personas de 65 años o más, dejando cicatrices profundas en sus comunidades. Además, muchas de estas tragedias podrían haberse evitado con un sistema de apoyo adecuado. Sin embargo, para muchas familias dominicanas, la ayuda es inaccesible, tanto por barreras económicas como por el estigma cultural asociado con la salud mental.
Un llamado a la acción conjunta, es urgente que el gobierno asuma su responsabilidad y trate esta crisis como una emergencia nacional.
Esto incluye:
– Aumentar significativamente la inversión en programas de salud mental.
– Capacitar a los medios para reportar con ética y sensibilidad, evitando descripciones gráficas y enfocándose en historias de superación y esperanza.
Asimismo, la sociedad civil y las familias dominicanas tienen un rol de suma importancia al luchar por un cambio en la narrativa cultural sobre la salud mental y al demandar que las instituciones cumplan con su deber.
No podemos como sociedad permitir más postergaciones. El impacto de esta crisis ya está cobrando un precio demasiado alto, las familias dominicanas merecen un sistema que priorice la vida y proteja su bienestar emocional. Continuar ignorando este problema no es una opción. Es momento de actuar con determinación y compromiso, porque cada número en las estadísticas representa una vida que no debería haberse perdido.
