La Procuraduría General de la República (PGR) fue condenada este miércoles al pago de RD$10,912,792.00 a favor del exagente policial Affe Gutiérrez Gil, esposo de la comunidad Sarah Pepén, quien permaneció más de dos años en prisión preventiva pese a no existir pruebas en su contra.
La decisión, ratificada por la Suprema Corte de Justicia (SCJ), confirma que el Estado dominicano a través de la PGR actuó con arbitrariedad y violó los derechos fundamentales del ciudadano.
Según una nota informativa, la sentencia de la Tercera Sala de la Suprema, con ponencia del magistrado Rafael Vásquez Goico, rechazó el recurso de casación interpuesto por la Procuraduría y mantuvo íntegramente la resolución de la Quinta Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA), que ordenó la compensación por daños morales, físicos y profesionales.
La defensa de Gutiérrez, compuesta por los abogados Carlos Moreno, Manuela Ramírez y Zaida Carrasco, calificó el fallo como “un precedente histórico” en materia de responsabilidad patrimonial del Estado.
“Es la indemnización más alta registrada en República Dominicana por prisión preventiva injusta. Representa un hito en la lucha por el respeto al debido proceso y a la dignidad humana”, afirmaron.
El propio Gutiérrez valoró el fallo como una reparación moral más que económica:
“Esta sentencia no devuelve los años perdidos ni el dolor vivido, pero demuestra que la verdad resiste el tiempo. Aún espero una disculpa pública por parte de las autoridades que me destruyeron la vida.”
El caso se originó en 2008, poco después del matrimonio de Gutiérrez con la periodista Sarah Pepén. Según los registros judiciales, fue expulsado de la Policía Nacional y sometido a la justicia bajo acusaciones infundadas de homicidio.
Un año después, fue enviado a prisión preventiva, donde permaneció por más de dos años pese a la falta de evidencias. Posteriormente, un testigo confesó haber recibido dinero para incriminarlo falsamente, destapando un entramado de corrupción y retaliación institucional.
Durante ese tiempo, Gutiérrez fue condenado dos veces a 30 años de cárcel, sentencias que más tarde fueron anuladas por la Corte de Apelación, la cual determinó que se trató de procesos viciados. En mayo de 2017, el Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional lo descargó definitivamente.
Tras su absolución, en 2020, Gutiérrez interpuso una demanda contra la PGR ante el TSA, reclamando RD$100 millones por los daños sufridos.
El tribunal determinó que el Estado actuó con “arbitrariedad, abuso de poder y desprecio por las garantías constitucionales”, y ordenó el pago de RD$10.9 millones como compensación.
Los peritajes médicos y psicológicos incluidos en el expediente confirmaron que Gutiérrez sufre estrés postraumático, ansiedad severa y secuelas físicas permanentes, producto del trato degradante recibido durante su reclusión.
La Suprema Corte de Justicia ratificó que el recurso de la PGR carecía de fundamento legal, y subrayó que el uso indebido de la prisión preventiva constituye una violación directa a la dignidad humana y al Estado de derecho.
El fallo, emitido el 29 de agosto de 2025, reafirma que las instituciones del Estado deben responder por los daños ocasionados por sus funcionarios, y consolida la doctrina de que la libertad personal no puede sacrificarse por el abuso del poder.
Para Gutiérrez, el veredicto es más que una compensación: es una reivindicación moral tras más de una década de lucha judicial.
“Sobreviví a intentos de asesinato, a la humillación y al abandono. Pero nunca perdí la fe en la justicia, y hoy el país tiene una prueba de que sí puede haber reparación”, declaró.
