WASHINGTON.- El Tribunal Supremo de EE.UU. desestimó este jueves un recurso de la industria de préstamos que podría haber debilitado al Buró de Protección Financiera del Consumidor (CFPB, por sus siglas en inglés), creado por el expresidente estadounidense Barack Obama en 2011 tras la crisis hipotecaria.
Por 7 votos a favor y 2 en contra, los jueces del alto tribunal, con mayoría conservadora, determinaron que la forma en que se financia el organismo no vulnera la Constitución, revocando así una sentencia de un tribunal inferior.
El CFPB fue idea de la senadora demócrata Elizabeth Warren de Massachusetts, quien en el momento de su creación asesoraba al Gobierno de Obama.
El objetivo de la agencia, establecida por ley por el Congreso e impulsada por Obama, es frenar el tipo de préstamos que contribuyeron a la crisis financiera que estalló en 2007.
Desde su fundación ha permitido que los consumidores recuperen más de 20.000 millones de dólares que les fueron arrebatados mediante prácticas abusivas, según la propia entidad.
Desde el principio, los republicanos se opusieron a ese organismo al considerar que tiene demasiado poder y somete a los bancos y otras entidades prestamistas a trámites innecesarios.
El CFPB no depende de los presupuestos anuales del Congreso, sino que se financia directamente de la Reserva Federal, con un límite de unos 600 millones de dólares anuales.
Un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito, todos ellos nombrados por el expresidente Donald Trump (2017-2021), determinaron en un fallo que esa financiación violaba la Constitución porque protegía indebidamente al CFPB de la supervisión de los comités del Congreso.
Sin embargo, el Tribunal Supremo rechazó ese razonamiento argumentando que el Congreso ejerce supervisión sobre el Buró para la Protección Financiera del Consumidor y que, en cualquier caso, le corresponde al Legislativo, no a la rama judicial, modificar esa supervisión si lo considera necesario.
«Es a ellos (los legisladores) a quienes el Tribunal Supremo devuelve con razón cualquier cuestión de política restante planteada por el caso de hoy», determina el fallo, redactado por el juez conservador Clarence Thomas.
