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Tribunal de SPM mantiene en prisión a dos mujeres acusadas de estafa inmobiliaria digital

Tribunal de SPM mantiene en prisión a dos mujeres acusadas de estafa inmobiliaria digital
Tribunal de SPM mantiene en prisión a dos mujeres acusadas de estafa inmobiliaria digital

La Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís decidió ratificar la medida de 18 meses de prisión preventiva impuesta a Rocío del Alba Rodríguez de Moya y Marisol Nova Nolasco, señaladas como líderes de una red de estafa inmobiliaria por medios electrónicos, tras acoger la solicitud de la Procuraduría Especializada contra el Lavado de Activos y la Fiscalía de La Romana.

La audiencia fue presidida por el magistrado Glass Gutiérrez, quien, al rechazar el recurso de apelación presentado por las acusadas, confirmó en todos sus términos la resolución previa dictada por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de La Romana el pasado 25 de febrero.

Actualmente, Rodríguez de Moya y Nova Nolasco están en prisión preventiva en el CCR Najayo Mujeres, en San Cristóbal.

Por su parte, Yves Alexandre Giroux, identificado como el principal cabecilla de la red, también cumple prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de San Pedro de Macorís. El próximo 5 de agosto se llevará a cabo la audiencia para la revisión obligatoria de su medida de coerción, en la cual el Ministerio Público solicitará mantener la prisión preventiva.

La estructura criminal estaba dirigida por Giroux junto con Loany Ortiz, quien permanece detenida en Bogotá mientras enfrenta un proceso de extradición solicitado por el Ministerio Público dominicano, que espera su llegada al país para ser procesada.

Según la investigación, este grupo criminal promocionaba proyectos inmobiliarios a través de la reconocida firma internacional RE/MAX, atrayendo a víctimas de República Dominicana, Puerto Rico, Estados Unidos y Europa.

Durante el proceso de investigación, se ha determinado que los integrantes de esta red captaron de forma fraudulenta un total de US$18,851,583.12. Además, se incautaron bienes inmuebles en Santo Domingo Este, Distrito Nacional, La Romana y La Altagracia, junto con vehículos de lujo, dispositivos electrónicos y documentos relevantes para el caso.

El Ministerio Público indicó que las acciones de este grupo constituyen violaciones a los artículos 405, 265 y 266 del Código Penal Dominicano, al artículo 15 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología y a la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

El equipo de litigación que representa al Ministerio Público estuvo compuesto por los procuradores de Corte Benito Nieves, Abraham Ortiz y Manuel Castro, junto con el procurador fiscal Claudio Cordero.

Las magistradas Ramona Nova y Reina Rodríguez señalaron que esta decisión judicial confirma la solidez de la acusación presentada y de la investigación en curso por parte del Ministerio Público.

“Esta decisión confirma la solidez de la imputación y de la investigación que realiza el Ministerio Público.”

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